Más de medio millón de personas que residen en el área metropolitana de Tucumán viven por debajo de la línea de pobreza, según los datos recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De ese total, 152.828 habitantes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir siquiera sus necesidades alimentarias, lo que los mantiene en una situación de indigencia. Este deterioro en la condición socioeconómica de la población del aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo ha llevado a que la tasa de pobreza alcance su punto más alto en los últimos 20 años.
Al cierre del primer semestre del año, el 55,8% de los residentes de la zona metropolitana no pudo costear los gastos mínimos necesarios para subsistir, lo que afectó a 515.458 personas, lo que representa un aumento de 137.780 personas en comparación con el mismo período del año anterior. Este empeoramiento de la situación económica se debe principalmente a la caída en los ingresos, intensificada por el aumento de precios que comenzó en diciembre de 2023, lo cual impactó directamente en 126.294 hogares.
Este nivel de pobreza no se veía desde el primer semestre de 2004, cuando el índice alcanzó el 56,2% en un contexto en el que tanto la provincia de Tucumán como el resto de Argentina intentaban recuperarse de la devastadora crisis económica, social y política que ocurrió en 2001. Actualmente, la economía del país enfrenta nuevos desafíos, con desequilibrios macroeconómicos agravados por una alta emisión monetaria, que ha impulsado una fuerte inflación en los últimos años.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, se tomaron medidas para frenar esta emisión y se realizaron ajustes en el tipo de cambio, lo que devaluó el peso argentino. Además, se actualizaron los precios de combustibles y tarifas que habían estado congelados durante la administración anterior. Sin embargo, estos ajustes no fueron acompañados de incrementos salariales suficientes, lo que generó una desconexión entre los ingresos de la población y los aumentos en los precios de bienes y servicios.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), señala que, aunque la situación es crítica, no alcanza el nivel de gravedad observado en 2001-2002. En aquel entonces, la tasa de desocupación superaba el 20%, una cifra que, aunque ha crecido, no ha llegado a esos niveles en la actualidad. Aun así, la recesión económica actual ha tenido un impacto negativo en el consumo y ha elevado los costos de la canasta básica. Pese a que la inflación se ha estabilizado en torno al 4% mensual en los últimos meses, los efectos sobre el poder adquisitivo de las familias continúan siendo severos.
Diversos factores explican por qué la pobreza ha alcanzado a más del 50% de la población, afectando especialmente a sectores tradicionalmente considerados de clase media. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha destacado que la inflación promedio mensual de los alimentos en la primera mitad del año fue del 9,4%, un aumento significativo respecto al 7,7% registrado en el mismo periodo del año anterior. Si bien el pico inflacionario de diciembre de 2023, que fue impulsado por una fuerte devaluación del 118%, ha descendido, la inflación sigue siendo elevada, con una tasa del 9,4%.
Los trabajadores no registrados han sido los más afectados por esta crisis, con una caída del 29,5% en sus ingresos en términos reales en comparación con el año anterior. De igual manera, el salario mínimo vital y móvil retrocedió un 28,5% en relación con el primer semestre de 2023, y un 28,1% si se lo compara con el semestre anterior.
En cuanto a las políticas de protección social, el CEPA ha señalado que la Asignación Universal por Hijo (AUH) registró un incremento real del 22,5% en la primera mitad del año, lo que representa un leve alivio para algunas familias. Sin embargo, los ingresos proporcionados por la Tarjeta Alimentar disminuyeron un 3,8% en términos reales. En el caso de los planes sociales, su capacidad de compra ha disminuido considerablemente, con una pérdida del 48,6% en su poder adquisitivo en comparación con el primer semestre de 2023, y una caída del 50,3% respecto al semestre anterior.
Finalmente, la jubilación mínima, incluso sumando los bonos adicionales otorgados, experimentó una disminución del 19,7% en términos interanuales durante el primer semestre, afectando aún más a uno de los sectores más vulnerables de la población, los jubilados.