Carlos Albaca, ex fiscal condenado a seis años de prisión por encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, no obtendrá el beneficio del arresto domiciliario por el momento, según la decisión de la jueza del Tribunal de Impugnación, Patricia Carugatti. Esta decisión se tomó después de que la defensa de Albaca apelara una decisión anterior del 18 de septiembre que negaba el arresto domiciliario.
La Justicia ya había rechazado la solicitud de la defensa de Albaca para cumplir el resto de su condena en modalidad de prisión preventiva en esa fecha debido a formalidades procesales y la falta de documentación necesaria para acceder al beneficio. La decisión de la jueza Carugatti se produce después de una audiencia que tuvo lugar la semana pasada en la que participaron Albaca, su abogado, el representante del Ministerio Público, la querellante y el padre de la víctima, Paulina Lebbos.
La condena de Albaca se originó en diciembre de 2021 por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Fue condenado debido a las anomalías detectadas en la investigación del crimen de Paulina Lebbos, que incluyeron retrasos en pruebas genéticas y negligencia en el tratamiento de pistas relacionadas con teléfonos, así como mantener abiertas todas las hipótesis del delito.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó dos recursos presentados por la defensa de Albaca en abril de este año, lo que resultó en su detención y traslado al penal de Villa Urquiza el 2 de mayo. Desde entonces, ha estado detenido en un sector separado de la población general de reclusos.
La solicitud de prisión domiciliaria de Albaca ya había sido rechazada en tres ocasiones anteriores debido a problemas formales y la falta de documentación completa. La jueza Ana María Iácono, en su decisión del 18 de septiembre, subrayó que el hecho de que Albaca tenga más de 70 años, argumento utilizado por su defensa, no garantiza automáticamente el otorgamiento del arresto domiciliario. En esa fecha, Iácono también recordó que Albaca cumpliría su pena en mayo de 2029 y que su posición como fiscal de instrucción en un caso de homicidio no justifica la prisión domiciliaria. En su opinión, el trato debe ser igualitario para todas las personas mayores de 70 años que están cumpliendo condena.
El abogado de Albaca, Macario Santamarina, argumentó en la audiencia que la sentencia era arbitraria y que se habían cumplido los requisitos legales para el arresto domiciliario. Afirmó que estaban pidiendo un cambio en la modalidad de la pena, no su anulación, y que se habían satisfecho los requisitos. Señaló que Albaca necesitaba cuidados específicos que el Estado no podía proporcionar en la prisión, ya que sufría de hipertensión y diabetes.
La representante del Ministerio Público se opuso al recurso y respaldó la decisión de la jueza Iácono. La querellante argumentó que otorgar prisión domiciliaria a Albaca sería una desigualdad en el tratamiento de otros reclusos y que, si se otorgara, deberían cumplirse todas las condiciones necesarias, lo que no estaba ocurriendo en este caso. Por su parte, el padre de la víctima, Alberto Lebbos, afirmó que el ex fiscal había participado en encubrir el asesinato de su hija Paulina, que sigue impune, y que no se cumplían los requisitos para la prisión domiciliaria.
En su resolución, la jueza Carugatti respaldó la decisión de la jueza Iácono, argumentando que el hecho de que Albaca tenga más de 70 años no garantiza automáticamente la prisión domiciliaria. Explicó que el principio de igualdad ante la ley impide establecer excepciones o privilegios, y que el otorgamiento de la prisión domiciliaria no es automático debido a la edad del recluso. Además, aclaró que ni el Código Penal ni la Constitución Nacional prohíben que un condenado mayor de 70 años cumpla su condena en una prisión. La jueza también enfatizó que la pena tiene un propósito resocializador y sancionatorio y que el solo requisito de edad no es suficiente para otorgar el arresto domiciliario.
En consecuencia, la jueza Carugatti decidió no hacer lugar a la impugnación presentada por la defensa de Albaca, lo que significa que continuará cumpliendo su condena en el penal de Villa Urquiza. En contraste, otros condenados por el crimen de Paulina, como el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez y el ex subjefe de la fuerza, Nicolás Barrera, cumplen sus penas en sus domicilios, y el ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, ya goza del beneficio de la libertad condicional.