El reciente avance legislativo en San Miguel de Tucumán marcó un punto de inflexión para el transporte por aplicaciones dentro de la capital provincial. Con la aprobación por unanimidad de una nueva normativa, el Concejo Deliberante instauró un marco regulatorio que ordena y habilita el funcionamiento de servicios como Uber, Cabify, DiDi y otras plataformas similares. Este esquema, sin embargo, abre un debate pendiente que será crucial para su aplicación plena: la necesidad de que los municipios vecinos también adopten reglas acordes para evitar desigualdades operativas.
La ordenanza aprobada dio origen al Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (SUTRAPA), que integra en una misma regulación tanto a los taxis tradicionales como a los vehículos que prestan servicio mediante apps. Uno de los cambios más significativos radica en la flexibilización del requisito para prestar el servicio: no solo el dueño del auto podrá manejar, sino también cualquier conductor autorizado por él, siempre que cumpla con las condiciones establecidas.
Aun así, la norma fija un límite territorial que generó tensiones entre los choferes: únicamente quienes estén registrados dentro de la Capital podrán tomar viajes que se originen en ese territorio. Esta disposición comenzó a generar malestar entre los trabajadores de plataformas, quienes señalaron que muchos recorridos finalizan en localidades como Yerba Buena o Tafí Viejo, lo que obliga a regresar sin pasajeros debido a que esas jurisdicciones aún no cuentan con regulación ni adhesión al sistema. El Concejo, por su parte, recordó que no puede legislar fuera de sus competencias municipales.
En ese contexto, los conductores solicitaron abiertamente que los intendentes del Gran San Miguel de Tucumán acompañen el nuevo marco regulatorio. El propio gobernador Osvaldo Jaldo también intervino en el debate, asegurando que la Provincia buscará mecanismos para promover la adhesión de los municipios a fin de lograr un esquema uniforme en toda el área metropolitana. Según afirmó, unificar las reglas permitiría mejorar la actividad de cientos de trabajadores y evitar superposiciones o vacíos normativos.
La regulación sancionada establece reglas claras: licencia profesional, seguro obligatorio, documentación vigente y vehículos en buenas condiciones son requisitos indispensables para operar. En materia impositiva, quedó establecido que el tributo municipal será responsabilidad de las plataformas y no de los choferes, una medida celebrada por quienes trabajan en el sector.
Otro punto destacado fue la habilitación formal del servicio de motos por aplicación. El Concejo definió para este rubro un criterio similar al de los autos: todos los viajes deben ser solicitados digitalmente, se prohíbe levantar pasajeros en la calle y se imponen exigencias de seguridad más estrictas.
Si bien la ordenanza ya está en vigencia, el municipio cuenta con un período de entre 60 y 90 días para reglamentar los aspectos operativos del SUTRAPA. Ahora, la expectativa se concentra en lo que decidan Yerba Buena, Las Talitas, Tafí Viejo y Banda del Río Salí. La decisión de estas ciudades será determinante para saber si el transporte por aplicaciones funcionará bajo un sistema integrado o si continuará fragmentado entre distintas jurisdicciones del Gran San Miguel de Tucumán.