La Asamblea del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) publicó este jueves la Resolución N° 002/2025, un documento en el que rechaza de manera contundente el llamado “Mapa de Arsénico” difundido por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Según el organismo, el material no reúne los requisitos mínimos en términos técnicos, científicos, metodológicos ni documentales para ser utilizado como referencia sobre la calidad del agua en el país.
El informe del ITBA había generado repercusión nacional por advertir concentraciones de arsénico en distintos puntos del territorio. Sin embargo, para el COHIFE, la difusión masiva de ese trabajo sin el sustento adecuado no solo genera confusión sino que también “induce a conclusiones equivocadas” y afecta la credibilidad de los sistemas oficiales encargados de garantizar el control del agua potable.
Uno de los principales cuestionamientos formulados por el organismo federal apunta a la falta de trazabilidad de las muestras empleadas. La resolución señala que los datos fueron aportados por voluntarios, sin registros que certifiquen la cadena de custodia ni información precisa sobre las coordenadas del muestreo, la profundidad de los pozos o las condiciones en las que el agua fue trasladada para su análisis.
Las provincias, además, remarcaron que el estudio no cumple con normas internacionales ni nacionales —incluyendo estándares de la OMS, la EPA y las reglas IRAM— y que el propio ITBA admitió que no hubo verificaciones en campo, controles de calidad analítica, duplicados ni uso de materiales de referencia certificados. Esta falta de validación científica compromete la confiabilidad de los resultados presentados.
Desde el plano hidrogeológico, otro señalamiento importante es que el mapa se elaboró tomando solamente una muestra por punto, lo que impide evaluar adecuadamente la variabilidad espacial del recurso. Bajo esas condiciones, sostienen los especialistas, las interpolaciones cartográficas que se difundieron carecen de validez para representar una situación real.
El COHIFE también alertó sobre un error conceptual grave: el mapa combina datos provenientes de agua cruda —extraída directamente de pozos subterráneos— con localidades que reciben agua potable tratada por los sistemas de distribución. Esa asociación provoca confusiones, debido a que los servicios de potabilización realizan procesos de tratamiento y controles permanentes que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente. En el artículo 3° de la resolución, el organismo reafirma que “el agua que llega a la población se encuentra dentro de los parámetros exigidos”.
Otro punto crítico que el documento oficial aclara es que el mapa fue generado en el marco de una “tesis de grado y un proyecto de extensión universitaria”, trabajos que no pasaron por revisión de pares ni por protocolos oficiales para estudios de alcance regional, lo cual reduce aún más su validez científica.
Finalmente, el Consejo Hídrico Federal exhortó a que cualquier publicación futura relacionada con temas sensibles de salud pública se realice respetando estrictos estándares técnicos y con responsabilidad en la comunicación. La resolución fue firmada por autoridades hídricas de numerosas provincias, entre ellas Buenos Aires, La Rioja, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, La Pampa, Chubut, Chaco y Mendoza.