Previo al debate, el Gobierno refuerza su posición y aumenta la presión en las negociaciones para impulsar la sesión sobre la Ley Ómnibus | «Tendrán que pagar el costo político”

En el transcurso del aumento de temperaturas en Buenos Aires, las altas esferas de la Casa Rosada experimentaron un enfriamiento significativo. En las primeras horas de la tarde, Javier Milei adoptó una postura inflexible frente a los gobernadores y diputados de bloques dialoguistas, con quienes intentó sin éxito negociar respaldos cruciales para la aprobación de su codiciada Ley Ómnibus en la sesión de Diputados programada para mañana. En la víspera del debate en la Cámara baja, las comunicaciones entre el Gobierno y los referentes de provincias, PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación e Independencia, se suspendieron durante varias horas. Llegando al punto en que el Ejecutivo dejó entrever la posibilidad de retirar la iniciativa en su totalidad si no tenía garantizado al menos el quórum. En horas de la tarde, las bancadas no kirchneristas anunciaron que facilitarían la sesión.

Patricia Bullrich y Guillermo Francos (REUTERS)

A pesar de respaldar a Guillermo Francos en sus enfrentamientos con los gobernadores, en Balcarce 50 reconocieron esta tarde que no estaban promoviendo diálogos con la oposición. Esto marcó una diferencia notable con la dinámica de la semana pasada, cuando los contactos eran constantes para llegar a un punto medio en la negociación. «Ya no estamos tratando de destrabar nada. La sesión dependerá de si hay consenso para votar nuestro proyecto», expresaban cerca del Presidente, indicando su disposición a retirar la iniciativa completa si no se alcanzaba un acuerdo.

Milei y Patricia Bullrich, su ministra de confianza, dieron señales sutiles en ese sentido. En redes sociales, el presidente retuiteó un mensaje que sugería que la ley, si se aprueba, es aceptable, pero si no, no sería un problema, ya que se cuenta con el Presupuesto 2023. Bullrich, por su parte, en una entrevista insinuó que cuando los cambios son demasiados y se distorsiona el objetivo, la ley ya no es útil.

Estas advertencias, realizadas con precaución en público, se transmitieron de manera más explícita en privado. Ante la firmeza de la oposición, los asesores del Presidente comunicaron a los líderes aliados que estaban dispuestos a retirar la ley, advirtiendo que cargarían con la culpa de frenar los cambios estructurales que, según los libertarios, necesita Argentina. «Tendrán que pagar el costo político», afirmaron, convencidos de que la opinión pública aún respalda mayoritariamente la gestión libertaria.

Estas advertencias surtieron efecto, y en las primeras horas de la tarde, después de un prolongado silencio, el bloque de la UCR anunció su contribución al quórum. La Coalición Cívica y Pro también expresaron su apoyo, al igual que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien en las últimas 72 horas cambió de posición dos veces y, en la tarde de hoy, volvió a respaldar a los libertarios, aunque con condiciones. Miguel Pichetto, jefe de Hacemos, también manifestó su apoyo, instando a hacer un esfuerzo para que la ley sea aprobada.

Las conversaciones se tensaron desde la semana pasada, agotando la paciencia de los gobernadores frente a la dureza del Gobierno ante sus nuevos reclamos, especialmente en relación con retenciones y movilidad jubilatoria. Aunque la eliminación del capítulo fiscal del proyecto «Bases» anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, inicialmente fue recibida positivamente, su extensión terminó incomodando a las provincias.

Los gobernadores solicitaban modificaciones en algunos temas tributarios que podrían perjudicar a sectores clave de sus economías, como el agro, la ganadería y la industria, pero estaban de acuerdo en mantener aspectos favorables, como la moratoria, el blanqueo y la reversión del aumento del mínimo no imponible de Ganancias. Esta estrategia del oficialismo fue interpretada como una provocación, generando molestia en las provincias. Después de conversaciones internas durante el fin de semana, acordaron reunirse el lunes para definir una posición conjunta y solicitaron una audiencia con funcionarios de mayor peso, como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, o el del Interior, Guillermo Francos.

Los gobernadores reunidos ayer en el CFI

Aunque el presidente decidió enviar al titular de la cartera política, la reunión no fue exitosa. Los gobernadores plantearon la coparticipación del 30% del impuesto PAÍS para compensar los ajustes derivados del freno a la obra pública, y Francos se comprometió a evaluarlo. Sin embargo, varios de ellos informaron que habían recibido una respuesta positiva, lo que enfureció a Milei, quien los llamó «bloque extorsión». Esta mañana, respaldó a su ministro en la reunión de Gabinete.

Aunque es probable que haya sesión mañana, los reclamos continuarán en el hemiciclo, centrados en privatizaciones, hidrocarburos y la coparticipación del Impuesto PAÍS. La obtención de media sanción por parte del Gobierno no está asegurada, ya que los opositores indican que estarían dispuestos a acompañar siempre que se realicen los cambios que esperan introducir durante el debate. Este proceso se prevé que dure al menos 40 horas, generando un ambiente de confusión y tensión en el recinto.