La unidad penitenciaria de Benjamín Paz no es un establecimiento de máxima seguridad; se ha diseñado con el objetivo de respetar tanto los derechos de los internos como la integridad del personal de custodia. Aunque presenta ciertas similitudes con las prisiones construidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el régimen de conducta que deberán seguir los reclusos en esta nueva cárcel tiene características propias.
Ubicada a 50 kilómetros de la capital tucumana, la cárcel se extiende sobre un terreno de 130 hectáreas a la vera de la ruta 9, antes de llegar a la localidad de Benjamín Paz. Para ingresar al primer módulo de la instalación, es necesario recorrer más de dos kilómetros por un boulevard. El obrero Esteban Herrera mencionó que al principio los residentes de la zona se mostraron reacios y temerosos ante la construcción de la prisión, pero con el tiempo, al comprender que estaría alejada del pueblo, empezaron a verla como una oportunidad para el crecimiento económico local, ya que se generarían nuevos empleos.
Jorge Garber, director de la empresa a cargo del proyecto, confirmó que el primer módulo se entregará en diciembre y podrá albergar hasta 900 internos en cuatro pabellones. Si todo progresa adecuadamente, el segundo módulo estará listo para agosto del próximo año, lo que aumentará la capacidad total a 1,800 prisioneros. La construcción de esta obra ya ha implicado una inversión de $24,500 millones y es, en la actualidad, la única gran obra pública que continúa en ejecución en la región.
Los cuatro pabellones que se abrirán son idénticos y cada uno cuenta con 64 celdas, donde dos o cuatro internos compartirán espacio, dispondrán de cuchetas, sanitarios y mobiliario de cemento para guardar sus pertenencias. No habrá baños comunes y las duchas se tomarán por turnos. Aunque las camas fueron inicialmente fabricadas con planchuelas de metal, se optará por reemplazarlas con estructuras de mampostería de cemento por motivos de seguridad. Garber señaló que las mesas y bancos para las comidas también están construidos con el mismo material.
Las unidades penitenciarias están organizadas de tal manera que en el centro hay entre tres y cuatro duchas, una cocina industrial para el uso de los internos y dos oficinas bien protegidas para que los guardias realicen tareas de vigilancia, tanto presencial como mediante cámaras de seguridad que se instalarán próximamente. Estas áreas son iluminadas y cubiertas con techos de chapa, ya que los reclusos pasarán gran parte del día en ellas. Además, se ha construido un patio donde los internos podrán disfrutar de una o dos horas de recreo al día, siendo este su único contacto con el exterior. Para garantizar la seguridad, este espacio cuenta con un baño al aire libre que limita el ingreso y salida de los internos.
El acceso a los pabellones se realiza a través de una pasarela cubierta con alambre, que conecta con una oficina de control de los guardias. Este mismo sistema también vincula las celdas con el salón de usos múltiples, donde los prisioneros podrán recibir visitas, tener encuentros con sus abogados y participar en audiencias virtuales, minimizando así la necesidad de traslados.
Los trabajadores están avanzando rápidamente en la finalización de un sector que albergará la cocina y los depósitos de alimentos. El taller para laborterapia y el área de cultos ya están prácticamente concluidos, mientras que la escuela está programada para abrir el próximo año. También se están llevando a cabo gestiones para que una empresa de transporte público brinde el servicio necesario, ya que se estima que el personal del Servicio Penitenciario requerirá alrededor de 300 boletos diarios, sin contar los de las visitas de familiares y amigos de los internos.
Los módulos están protegidos por muros de concreto de cuatro metros y cercas de alambre de al menos tres metros alrededor de cada pabellón. Según el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, esta prisión representa un enfoque diferente en la gestión de los internos, ya que su interacción se limitará a los miembros de su propia unidad, organizándose incluso los días de visita por cada sector.
Después de muchas deliberaciones, se ha determinado quiénes serán los primeros reclusos en ocupar esta nueva instalación. Serán transferidos aquellos condenados que actualmente están en comisarías y que han cumplido gran parte de sus penas. El objetivo es aliviar la situación en las comisarías y seleccionar a los internos que requieren menos traslados. Así, a las 900 personas que se trasladarán de las comisarías, se les sumarán 126 mujeres que actualmente están en dependencias policiales. El ministro explicó que la alcaldía de Delfín Gallo, que tiene capacidad para 200 personas, se destinará a estas internas y a algunas de las detenidas en el penal de Banda del Río Salí. Se busca descomprimir a la policía, permitiéndole enfocarse en su labor principal: la prevención del delito.
Según las estimaciones oficiales, hay aproximadamente 2,300 tucumanos detenidos en dependencias policiales. Con la apertura de Benjamín Paz y Delfín Gallo, además de algunas obras en el penal de Villa Urquiza, se espera que se realicen más de 1,300 traslados. A pesar de que esta reducción representa más del 50% de la población total, aún supera el doble de la cifra de detenidos que existía en 2015, cuando se produjo la crisis carcelaria./Fuente: La Gaceta
FOTOS DE INÉS QUINTEROS ORIO