Por solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF), este viernes 15 de agosto se llevó a cabo una audiencia multipropósito contra cuatro hombres de 23, 32, 33 y 44 años, quienes habían sido detenidos el miércoles anterior tras un incendio registrado en una finca ubicada a 150 metros al sur de la Ruta 325, en el acceso a la localidad de Yerba Buena, departamento Simoca.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Contra la Propiedad y la Integridad Física, del Centro Judicial Monteros, bajo la dirección de Mónica García. El auxiliar de fiscal, Hugo Campos, fue quien formalizó la pesquisa, imputó cargos a los acusados —quienes son familiares entre sí— y solicitó medidas cautelares para asegurar el correcto desarrollo del proceso judicial.
De acuerdo con la acusación, el propietario o arrendatario de la finca, destinada al cultivo de caña de azúcar, ordenó a sus tres empleados que se dirigieran al predio y provocaran un incendio en la caña ya cortada y dispuesta sobre los surcos. Así, el miércoles pasado, alrededor de las 13:00 horas, los trabajadores cumplieron la instrucción y prendieron fuego deliberadamente, generando grandes columnas de humo que invadieron la Ruta 325, reduciendo significativamente la visibilidad y poniendo en riesgo la seguridad de los conductores y de las propiedades vecinas.
El fiscal Hugo Campos destacó la gravedad de este tipo de incidentes y su recurrencia en la provincia. “Estamos ante un hecho grave que constituye un flagelo en Tucumán, que es la quema indiscriminada de cañaverales. No solamente destruye nuestro ambiente y la salud pública, sino que también genera gravísimos riesgos viales. Tenemos muchos antecedentes de choques en rutas que se han cobrado vidas a raíz de esta práctica que es cada vez mayor en nuestra provincia. Un Estado de derecho no debe tolerar esto”, manifestó.
Campos agregó que se trata de un delito de incendio por estrago en carácter de coautores, con penas que van de 3 a 10 años de prisión efectiva. Por ello, solicitó prisión preventiva de 10 días para el propietario/arrendatario y la imposición de medidas cautelares más leves —reglas de conducta— por dos meses para los empleados, con el objetivo de garantizar que no interfieran en la investigación.
El juez, tras evaluar los pedidos, rechazó la solicitud inicial de prisión preventiva para el propietario, disponiendo en cambio arresto domiciliario por ocho días con custodia policial constante. Sí se aprobaron las medidas cautelares para los demás acusados, según lo solicitado por la Fiscalía.
El Ministerio Público Fiscal enfatizó su postura firme frente a los incendios y quema de vegetación, recordando a la comunidad que se encuentra disponible la línea telefónica 381 319 5131 para denunciar estos hechos, con la opción de hacerlo de manera anónima. Además, se recordó la vigencia de resoluciones que endurecen las penas contra quienes cometen estos delitos ambientales.
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