AETAT alerta al municipio de la capital sobre la crítica situación del transporte público

La situación del transporte público en San Miguel de Tucumán atraviesa un momento crítico, al punto de considerarse terminal, según advierten los empresarios del sector en una nota enviada a la intendenta Rossana Chahla. En el texto, los directivos denuncian múltiples incumplimientos normativos por parte del municipio, entre ellos la falta de control sobre vehículos ilegales, y dejan abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia si no se toman medidas.

La misiva, firmada por el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta, y por el secretario, César Atim, comienza subrayando la gravedad de la crisis económica y financiera que afecta a las empresas de transporte y amenaza la continuidad del servicio: “El sistema de transporte público se encuentra en un estado de quebranto terminal, que pone en riesgo inminente la regularidad y calidad del servicio esencial que brindamos a miles de ciudadanos diariamente”.

El documento, respaldado por un acta de la asamblea de la cámara que reúne a las doce empresas de líneas urbanas, explica que esta situación no se debe a errores de gestión empresarial ni a hechos fortuitos, sino a un cúmulo de incumplimientos sistemáticos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, que afectan las obligaciones legales que le competen.

Entre los principales reclamos, los empresarios señalan:

• Tarifas arbitrarias: Según la Ordenanza N°400/79, el municipio debe fijar tarifas que reflejen los costos reales de operación. Sin embargo, los montos establecidos no corresponden a la realidad económica y se determinan por conveniencias políticas, ignorando gastos esenciales como combustible, salarios, mantenimiento y amortización de unidades.
• Falta de control del transporte ilegal: El municipio ha permitido la proliferación de servicios irregulares, como Uber, DiDi y moto-taxis no autorizados, generando competencia desleal que afecta económicamente a las empresas formales. La Ordenanza 3260/2002 prohíbe expresamente la circulación de moto-taxis, obligación que el municipio no ha cumplido.
• Cargas públicas sin compensación: Los beneficios sociales como boletos gratuitos para estudiantes, docentes o jubilados se implementaron sin compensación económica, trasladando los costos a las empresas de transporte.
• Factores operativos impuestos sin gestión adecuada: La implementación obligatoria del sistema SUBE, sumada a la falta de ordenamiento del tránsito, genera mayores costos operativos por congestiones y desgaste de las unidades, afectando la eficiencia del servicio.
• Inseguridad jurídica: Las empresas operan sin concesiones vigentes según el artículo 3º de la Ordenanza 400/79, lo que impide inversiones en la flota y perpetúa el deterioro del servicio, además de limitar el acceso a créditos.

Los empresarios también advirtieron sobre la responsabilidad de los funcionarios municipales y la posibilidad de iniciar acciones legales: “Esta sumatoria de incumplimientos… ha provocado el empobrecimiento y el quebranto actual de las empresas prestatarias… Una crisis que no solo perjudica a las empresas sino a toda una comunidad”. Resaltan que, según el artículo 4 de la Constitución de Tucumán, los funcionarios pueden ser responsables personalmente ante tribunales por sus faltas.

Como alternativa, Aetat propone un sistema de pago por kilómetro recorrido, utilizado en otras ciudades del mundo, que permita al municipio garantizar la prestación del servicio, retribuyendo a las empresas por los costos reales, independientemente de la tarifa o la cantidad de pasajeros, y aislando a las prestatarias de los efectos del transporte ilegal y las gratuidades no compensadas.

Finalmente, los empresarios solicitaron a la intendenta una reunión urgente para analizar la crisis del sector y que se instruya a las áreas técnicas y a la Universidad a iniciar estudios de factibilidad y análisis de costos para implementar este nuevo modelo de retribución.