Allanan la oficina de Edgardo Kueider en el Senado | Presunto pedido de coimas

Un procedimiento judicial ordenado por la jueza Sandra Arroyo Salgado llevó a efectivos de Gendarmería a realizar un allanamiento en el despacho del exsenador Edgardo Kueider, ubicado tanto en el edificio anexo como en el Palacio Legislativo del Senado. Esta acción se inscribe en una investigación que lo vincula con el supuesto cobro de sobornos por parte de la empresa de seguridad privada Securitas, durante su gestión al frente de la empresa estatal Enersa, en Entre Ríos, bajo el gobierno del peronista Gustavo Bordet. El operativo, que se extendió hasta altas horas de la noche, también incluyó las oficinas de dos asesores del legislador.

Allanamientos en las oficinas de Kueider.

Este allanamiento se concretó tras la reciente expulsión de Kueider del Senado, lo que le retiró los fueros parlamentarios que antes lo protegían de tales medidas. La decisión fue facilitada por el aval de la presidenta provisional de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en cumplimiento del artículo 226 del Código Procesal Penal Federal, que establece que los jueces necesitan autorización para ingresar y registrar dependencias del Congreso. En su solicitud, la jueza enfatizó que en las oficinas de Kueider podrían encontrarse elementos que contribuyan a confirmar las acusaciones de corrupción.

La situación judicial de Kueider se complicó aún más cuando fue detenido en Paraguay mientras intentaba cruzar la frontera con 211.000 dólares sin declarar. Este incidente reforzó las sospechas en su contra y permitió que las investigaciones en Argentina adquirieran un nuevo impulso. Desde su detención, el exsenador se encuentra bajo arresto domiciliario en Ciudad del Este, mientras las autoridades argentinas evalúan los procedimientos necesarios para su extradición. Este proceso requiere coordinación entre la Justicia argentina y paraguaya, bajo los términos de un tratado bilateral de extradición.

El desafuero y la expulsión de Kueider fueron claves para que la Justicia argentina avanzara en las investigaciones. Sin embargo, el exsenador presentó un amparo para intentar frenar las acciones en su contra. En ese documento, él y su abogado, Maximiliano Ruiz, argumentaron que la sesión que condujo a su expulsión carecía de validez, debido a un supuesto error en el protocolo de transición de poder entre el Presidente y la Vicepresidenta. Según Kueider, la vicepresidenta Victoria Villarruel no debió presidir la sesión en su calidad de líder del Senado, ya que ejercía simultáneamente como representante del Poder Ejecutivo en ausencia de Javier Milei, quien estaba de viaje en Italia.

A pesar de estas objeciones, el juez Enrique Lavié Pico rechazó el recurso de amparo, afirmando que el análisis de la validez de actos del Congreso excede las competencias de su jurisdicción. Según el magistrado, el artículo 66 de la Constitución Nacional otorga al Senado facultades exclusivas para decidir sobre la remoción de sus miembros. En consecuencia, ratificó la legitimidad de la sesión que concluyó con la destitución de Kueider por “inhabilidad moral”.

Mientras tanto, la investigación continúa en ambos países. En Paraguay, Kueider enfrenta un proceso independiente que podría resultar en su liberación si las autoridades locales deciden juzgarlo antes de autorizar su extradición. Desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal paraguayo, cualquier decisión debe ser el resultado de una estrecha colaboración con las autoridades argentinas, para evitar conflictos entre las leyes de ambos países.

La controversia en torno a Kueider sigue sumando episodios, mientras las pruebas recopiladas en los allanamientos y los procedimientos judiciales determinarán los próximos pasos en este caso que ha puesto bajo escrutinio a uno de los principales actores políticos de Entre Ríos.