ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) junto con la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) elevaron un pedido urgente a la relatora especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, Irene Khan, solicitando que intervenga frente al Estado argentino por una medida judicial que limita la actividad periodística en la provincia de Tucumán. Según explicaron, la resolución judicial prohíbe a medios y periodistas locales difundir críticas o cuestionamientos hacia fiscales y magistrados, configurando un caso de censura previa y un retroceso en los estándares de libertad de prensa.
En un comunicado conjunto, ANDHES detalló que la solicitud busca que la Relatoría inste al Estado a adoptar medidas inmediatas que garanticen la plena libertad de prensa en la provincia, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. La medida judicial cuestionada, dictada el 4 de noviembre por el juez subrogante Lucas A. Taboada, obliga a un multimedio provincial y a sus periodistas a cesar la difusión de contenidos que “injurien, desacrediten o distorsionen” la labor de los funcionarios judiciales, e incluso impone la prohibición de emitir opiniones críticas futuras sobre el Poder Judicial local, bajo amenaza de sanciones penales.
Las organizaciones denunciaron que esta resolución no busca proteger derechos individuales, sino que se utiliza como herramienta coercitiva para silenciar voces críticas y limitar la función esencial del periodismo en la democracia. Florencia Vallino, directora ejecutiva de ANDHES, afirmó que “la censura nunca puede ser una respuesta legítima en democracia” y que el periodismo libre y crítico es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas. Por su parte, Diego del Jesús Tomas, secretario gremial de la APT, sostuvo que vulnerar la libertad de expresión y el acceso a la información socava los cimientos de cualquier sistema democrático y republicano.
El comunicado subraya que este intento de imponer censura previa amenaza no solo a los medios y periodistas implicados, sino también al debate público y al derecho de la sociedad a recibir información veraz. Además, las organizaciones recordaron que la libertad de expresión es un pilar esencial de la democracia, reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, y que ninguna autoridad puede establecer restricciones preventivas sobre la labor periodística.
Asimismo, citan el informe de 2022 de la Relatoría Especial sobre la seguridad de periodistas y el fortalecimiento de los medios en la era digital, que advierte sobre el uso indebido de normas y procesos judiciales para intimidar o censurar a periodistas, práctica que atenta contra el derecho de la ciudadanía a estar informada y debilita el control social de las instituciones públicas. En conclusión, ANDHES y la APT enfatizan que defender la libertad de expresión y el periodismo independiente es indispensable para la salud democrática y para garantizar que las voces críticas puedan existir sin temor a represalias judiciales.