A pesar de las críticas recibidas por impulsar una nueva ley de incentivos a las inversiones que algunos consideran favorecedora de manera particular a una empresa tucumana, el oficialismo logró obtener un respaldo casi unánime de la oposición. En la sesión legislativa del jueves, se aprobó un reintegro fiscal de hasta 15 millones de dólares para la empresa Transporte Fríos del Norte SRL, dedicada al transporte de cargas refrigeradas. Solo dos legisladores, Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) y Claudio Viña (Compromiso Tucumán), expresaron su desacuerdo en la votación por signos.
La propuesta, presentada por el legislador Christian Rodríguez (bloque Justicialista), autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar a la empresa mencionada un reintegro de hasta el 30% de la inversión realizada en la construcción de un centro logístico sostenible en la avenida de Circunvalación Sur. Además, la ley exige que la firma de la familia Prado cree al menos 100 nuevos puestos de trabajo. Durante el debate, se destacó la importancia de generar leyes que beneficien a todas las empresas de un sector, y no normas específicas para una sola empresa. Algunos legisladores recordaron el caso de los call centers, donde también se aprobó una ley con un beneficiario claramente señalado, lo que suscitó críticas.
José Macome (LLA) cuestionó la falta de un enfoque general en la ley, y Alfredo Toscano (Compromiso Tucumán) expresó su apoyo a las leyes de fomento, pero subrayó la necesidad de que las empresas beneficiadas informen a la Legislatura sobre la ejecución de sus inversiones, los puestos de trabajo creados y el estado de sus deudas con el Estado. La cervecería Quilmes, que se benefició con una ley similar, fue citada como ejemplo de la falta de transparencia.
El radical José Cano también criticó el proceso legislativo, señalando que la iniciativa no pasó por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo que consideró una deficiencia administrativa. Sostuvo que no hay criterios claros para determinar a qué empresas se les otorgan estos beneficios fiscales.
En defensa de las leyes de reintegro fiscal, Roque Tobías Álvarez recordó el caso de las droguerías, que también recibieron beneficios fiscales a cambio de grandes inversiones y la creación de empleo. Por su parte, Manuel Courel lamentó que se sigan creando leyes a medida para empresas específicas en lugar de una ley de fomento general. El legislador autor de la propuesta, Christian Rodríguez, defendió la facultad de la Cámara para otorgar créditos impositivos a cualquier tipo de inversión, mientras que Agustín Romano Norri reconoció que preferiría proyectos sin destinatarios específicos, pero destacó que, si no se otorgan beneficios a las empresas que desean invertir, existe el riesgo de que se muden a otras provincias.
La senadora radical Silvia Elías de Pérez apoyó la iniciativa, pero insistió en la necesidad de una ley de fomento que beneficie a todas las empresas, no solo a algunas. Viña, por su parte, votó en contra, aunque utilizó la misma analogía del “traje a medida”. El oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, con tono irónico, defendió la creación de estas leyes específicas, sugiriendo que la provincia podría convertirse en un “taller de sastrería” que impulse la inversión y la actividad económica en Tucumán. Para él, lo fundamental es el resultado económico de la medida, y no tanto que se beneficie a una sola empresa.