Arrestaron a «Chipi» Giménez, apodado el «Lázaro Báez de Alberdi»

Roque “Chipi” Giménez, un empresario que recientemente se vio envuelto en el centro de una fuerte controversia política en la localidad de Juan Bautista Alberdi, fue arrestado este jueves luego de presentarse por voluntad propia ante la Fiscalía Regional con sede en el Centro Judicial de Concepción. Aunque optó por no prestar declaración en esta primera instancia, fue debidamente notificado sobre las acusaciones en su contra y quedó oficialmente privado de su libertad. Esto ocurrió después de que la Justicia rechazara un recurso de habeas corpus impulsado por su defensa legal.

La detención de Giménez representa un nuevo capítulo en una causa judicial que ha generado un profundo impacto institucional y político a nivel provincial. Todo se desencadenó a raíz de la filtración de un audio que se volvió viral en los medios y redes sociales. En esa conversación telefónica —grabada por el propio Giménez— se lo escucha ejerciendo presión sobre Luis “Pato” Campos, quien en ese momento era intendente de Alberdi. En el diálogo, el empresario sugiere de forma directa que Campos debería asumir públicamente que él mismo controlaba elementos sensibles del municipio como la fuerza policial, el tráfico de drogas y hasta hechos vinculados a muertes. Estas afirmaciones dejaron al descubierto una supuesta estructura de poder paralela que operaría por fuera del marco institucional.

El escándalo provocó una respuesta inmediata por parte del gobernador Osvaldo Jaldo, quien resolvió intervenir el municipio de manera directa. Como parte de esa intervención, el intendente fue removido de su cargo y se convocaron elecciones anticipadas para restablecer el orden institucional.

A medida que avanzaba la investigación, la Justicia ordenó diversos operativos de allanamiento en busca de pruebas relevantes para el caso. Los procedimientos incluyeron la residencia de Giménez y la del exintendente Campos. Durante estos allanamientos, los investigadores incautaron teléfonos móviles, documentos comprometedores y equipos de videovigilancia que podrían constituir evidencia clave para esclarecer los hechos.

La causa judicial se centra actualmente en tres líneas investigativas principales: la posible comisión del delito de coacción, el uso indebido de influencias y la sospecha de vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Los fiscales consideran que no solo el contenido del audio filtrado es comprometedor, sino también los materiales recuperados durante los allanamientos, que aportarían contexto y respaldo a las hipótesis planteadas en la causa.