A medida que aumenta el reclamo por la creciente inseguridad en las principales ciudades del país, el Gobierno nacional ha decidido acelerar la implementación de la segunda fase de un plan que busca involucrar a los intendentes en la lucha contra las bandas criminales organizadas y reducir la tasa de homicidios. Este plan tiene como objetivo desarticular estructuras delictivas y mejorar la seguridad en zonas conflictivas.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, está a cargo de coordinar el despliegue de personal de inteligencia de las cuatro fuerzas federales en 16 municipios o conglomerados urbanos, que representan el 15% de la población nacional, pero donde ocurre uno de cada tres homicidios intencionales en el país. Las fuerzas de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y el Servicio Penitenciario se desplegarán en estos lugares, trabajando de manera coordinada para investigar y desarticular las bandas criminales. Algunas de las ciudades y áreas seleccionadas incluyen la capital santafesina, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Córdoba y su conurbano, San Miguel de Tucumán, Mendoza y su zona metropolitana, y diversos municipios en el conurbano bonaerense como Moreno, San Martín y Esteban Echeverría.
Aunque se brindará presencia policial en algunas de estas áreas para patrullajes, como lo exigen los intendentes, la prioridad será destinar las fuerzas a labores de inteligencia y de investigación. Según fuentes cercanas a la ministra, la presencia de las fuerzas especializadas solo en patrullajes no tiene sentido, ya que están identificadas más de 200 bandas solo en Buenos Aires, y el enfoque está puesto en desarticularlas.
Cada una de las zonas identificadas tiene su propia problemática con respecto a los homicidios. En las localidades de Santa Fe, por ejemplo, las bandas narcotraficantes operan en la Hidrovía, mientras que en Córdoba y Tucumán, los distribuidores de drogas tienen vínculos con organizaciones en la frontera con Bolivia. Mendoza enfrenta bandas dedicadas al contrabando desde Chile, y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presentan, además de la creciente presencia del narcotráfico, bandas especializadas en el robo y la venta ilegal de vehículos.
Además de estos 16 municipios, el Ministerio de Seguridad ha identificado otros 193 distritos en todo el país, que comprenden el 10% del territorio nacional pero donde vive el 70% de la población y ocurren el 90% de los homicidios. La Ciudad de Buenos Aires también será parte de este programa.
Este plan, denominado 90/10, se basa en un análisis estadístico que busca atacar las zonas con mayores índices de criminalidad. Después de una fase inicial de diseño iniciada en agosto, la segunda fase del plan ya está en marcha, con mesas de trabajo entre autoridades provinciales y nacionales, como la ministra Bullrich, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini.
El proceso también involucra decisiones políticas, ya que los secretarios de Seguridad de cada provincia fueron los encargados de recomendar qué municipios debían ser incluidos en la primera etapa. Curiosamente, algunos municipios clave, como La Matanza y Lomas de Zamora, gobernados por figuras cercanas al kirchnerismo, fueron excluidos en esta fase inicial.
Pese a la polarización política y las tensiones electorales, el equipo de Bullrich ha mantenido una “buena sintonía” con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. En este contexto, el trabajo conjunto se basa en un mapa del delito, centrado en la extirpación de bandas criminales mediante inteligencia y colaboración con el Servicio Penitenciario. Además, la ministra ha subrayado la necesidad de contar con una ley antimafia para poder avanzar más eficazmente contra estas organizaciones delictivas.
Este proyecto de ley, que fue presentado por Bullrich el año pasado y aún no ha sido debatido en el Congreso, otorga beneficios procesales a los miembros más pequeños de las redes criminales que colaboren con la justicia, facilitando la desarticulación de las organizaciones criminales. Esta iniciativa forma parte del paquete de propuestas enviadas por el Ejecutivo al Congreso para ser tratadas en las sesiones extraordinarias que comenzaron recientemente, aunque aún no se ha iniciado el debate parlamentario.