El lunes pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mencionó durante una entrevista en TN sobre un caso de corrupción vinculado a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la mina Alumbrera en Catamarca. En sus declaraciones, Bullrich expuso que la Universidad había firmado un acuerdo con la mina, bajo el cual se debía crear un fondo fiduciario destinado a construir una nueva Ciudad Universitaria. Sin embargo, afirmó que los fondos habían sido malversados, afirmando: «Se comieron la plata, están todos procesados a punto de un juicio oral. Van todos presos.» Según la ministra, los recursos que la mina había destinado a la UNT para este propósito fueron desviados, dejando a los estudiantes en las instalaciones antiguas.
Esta declaración se refiere a la causa judicial conocida como «Robo de la Ciudad Universitaria», en la que están involucrados altos funcionarios de la UNT. El delito en cuestión involucra la malversación de unos 85 millones de dólares que estaban destinados para la construcción del mega campus en San Javier. La causa, que se remonta al año 2010, está en juicio oral actualmente, y representa el mayor caso de corrupción en la historia de Tucumán.
Durante su intervención en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Bullrich reiteró su crítica sobre la falta de construcción de la nueva Ciudad Universitaria, asegurando que los responsables ya estaban procesados y en camino a juicio. Sin embargo, evidenció desconocimiento al no mencionar que el juicio había comenzado en mayo, lo que generó cierta confusión sobre el estado actual del proceso judicial.
El trasfondo del caso está relacionado con la ley de creación de YMAD, promulgada en 1959 bajo el gobierno de Arturo Frondizi, la cual asignaba un 40% de las utilidades de la explotación minera para la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier. Sin embargo, con el tiempo, los fondos destinados a esta mega obra fueron declarados de «libre disponibilidad» por el Rectorado, lo que permitió su desvío hacia otros fines. En lugar de construirse el nuevo campus, se llevaron a cabo pequeñas refacciones en las facultades existentes de la UNT, lo que despertó sospechas y denuncias por malversación de fondos.
El arquitecto Ramón Eudal, quien falleció posteriormente, fue uno de los primeros en denunciar el desvío de fondos en 2010, señalando sobreprecios en las obras y el uso de los recursos en colocaciones financieras. Estas acusaciones llevaron a la apertura de una investigación más profunda sobre el manejo de los fondos de YMAD. La ley de YMAD, creada en tiempos de Perón y Frondizi, estipulaba que los ingresos de la mina Alumbrera debían ser destinados exclusivamente a la construcción de la Ciudad Universitaria, un proyecto que había sido dejado de lado por intereses económicos y políticos.
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— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 16, 2024
En la década de los 90, la explotación de la mina Alumbrera fue concesionada a Minera Alumbrera Ltd., una unión de empresas que incluía a YMAD. A medida que la producción minera avanzaba, los ingresos destinados a la UNT debían llegar en los años 2012 o 2014. Sin embargo, ya en 2005, los directivos de la UNT en YMAD, Rodolfo Campero y Héctor Carlos Ostengo, detectaron movimientos sospechosos en las acciones de una de las empresas de la minera, lo que llevó a impugnaciones y reclamos ante Minera Alumbrera.
A pesar de las irregularidades detectadas, se continuaron firmando acuerdos que favorecieron la desviación de fondos. El entonces rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, firmó un acta en 2008 en la que se declaraba terminada la Ciudad Universitaria, lo que permitió que los fondos destinados originalmente a la construcción del campus pasaran a ser de libre disponibilidad para el Rectorado. Este acto consolidó el encubrimiento de la malversación, reduciendo las regalías de la UNT y permitiendo que parte del dinero se destinara a otros fines.
El juicio en curso busca determinar la responsabilidad de Cerisola, así como la de otros funcionarios de la UNT, entre ellos exrectores como Campero y Marigliano. Más de 20 empresarios tucumanos también han sido procesados por su participación en el desvío de fondos. Además, se ha requerido la investigación de la exvicerrectora María Luisa Rossi de Hernández y otros altos funcionarios de la UNT, aunque el fiscal encargado del caso, Antonio Gustavo Gómez, fue apartado.
Este caso, que ha tardado años en llegar a la justicia, representa un símbolo de la corrupción en Tucumán, y la resolución del juicio podría marcar un hito en la lucha contra la malversación de fondos públicos en la provincia.