Ayer, las calles de la capital fueron escenario de una nueva manifestación protagonizada por los carreros, quienes llevaron a cabo un corte de tránsito en la intersección de 25 de Mayo y procedieron a movilizarse desde la plaza Urquiza hasta la plaza Independencia. La razón detrás de esta protesta es el rechazo persistente hacia la ley que prohíbe el uso de vehículos de tracción a sangre, una normativa que ha generado un amplio descontento en este sector laboral.
Martín Jiménez, uno de los voceros de los carreros, expuso que «les están quitando los caballos sin previo aviso, afectando directamente su fuente de trabajo». En sus declaraciones al diario La Gaceta, Jiménez denunció que estos decomisos son realizados por miembros de fundaciones, como la Fundación Matías, que actúan sin la supervisión adecuada por parte del gobierno y no ofrecen alternativas a los carreros.
Jiménez añadió que «nos quitan los caballos a la fuerza. No te dan oportunidad de recuperarlos ni de solucionar problemas de salud que puedan tener los animales. Vienen, te lo quitan y listo». Este testimonio refleja la desesperación y la sensación de injusticia que sienten los carreros frente a las acciones de estas organizaciones.
Desde el lado de las fundaciones, se argumenta que la ley es necesaria debido a las condiciones de maltrato en las que muchos carreros mantienen a sus caballos. Afirman que estos animales a menudo son privados de alimento y descanso, y que se los abandona cuando ya no son útiles para el trabajo. En respuesta a estas afirmaciones, Jiménez señaló que «no todos los carreros maltratan a los caballos. La mayoría los cuida bien, pero por culpa de unos pocos, pagamos todos. Los que no cuidan a sus animales deberían ser castigados, pero no podemos perder nuestro trabajo por eso».
Además de los impactos directos en el empleo de los carreros, Jiménez argumenta que la ley afecta negativamente a otras actividades económicas que dependen de su labor, como los corralones y areneros, lo que está dejando a muchas familias sin sustento. «En los corralones trabajan 20 o 25 familias, y cuando saquen los carros, quedarán solo unas pocas», lamentó.
A pesar de haber solicitado reuniones con legisladores para discutir posibles soluciones, Jiménez afirmó que no han obtenido respuestas concretas. «Nos dijeron que los legisladores están reunidos en la Casa de Gobierno, pero nadie nos da una solución. Queremos que nos escuchen y que se den cuenta de que esta ley nos afecta a todos, no solo a los carreros», explicó.
Los carreros han anunciado que continuarán con sus movilizaciones con la esperanza de atraer la atención de las autoridades y obtener respuestas a sus demandas. Mientras tanto, la manifestación ha interrumpido el tránsito en el centro de la ciudad, generando caos en las principales arterias.
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