El reciente pedido de legisladores de la oposición para que el Gobierno reglamente la Ley N° 9.810, que prohíbe la tracción a sangre en Tucumán, generó una fuerte preocupación entre los carreros y trabajadores de la economía popular. La Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (Faccyr), a través de su Regional Tucumán, emitió un comunicado en el que advirtió que la tracción a sangre constituye el único medio de subsistencia para muchas familias y exigió que cualquier avance sobre la norma se realice de manera gradual y justa, evitando sanciones o persecuciones que profundicen la exclusión social.
Desde la organización, señalaron que comparten la idea de avanzar hacia métodos de trabajo y movilidad que eliminen el uso de animales, pero rechazaron que la reglamentación se convierta en una herramienta punitiva contra quienes dependen actualmente de la tracción a sangre. Enfatizaron la necesidad de reconocer formalmente a los trabajadores de la economía popular antes de imponer prohibiciones, destacando su rol esencial en el funcionamiento diario del mercado interno.
La Faccyr aclaró que no busca privilegios especiales, sino políticas concretas que incluyan reconocimiento laboral, capacitación, acceso a nuevas oportunidades y alternativas reales para quienes hoy dependen de los carros. Advirtieron que decomisar vehículos, aplicar multas o perseguir a los carreros sin ofrecer soluciones efectivas solo empuja a más familias a la pobreza. “Detrás de cada carro hay una historia de lucha y trabajo; nadie elige esta realidad por gusto”, expresaron, insistiendo en que la erradicación de la tracción a sangre es un objetivo posible, pero no a costa de medidas que consideran injustas e inhumanas.
El debate se intensificó tras la presentación en la Legislatura provincial de un proyecto de resolución por parte de los legisladores José Cano, Silvia Elías de Pérez y Alfredo “Freddy” Toscano, solicitando al Poder Ejecutivo que reglamente la ley sancionada en abril de 2024. La normativa establece un plazo de un año desde su entrada en vigor para implementar capacitaciones que faciliten la transición hacia prácticas que no impliquen maltrato animal.
Cano fundamentó la iniciativa cuestionando la falta de reglamentación, argumentando que esta omisión funciona como un “doble veto” que afecta principios constitucionales y bloquea la intención legislativa. También señaló la existencia de animales muertos en calles y rutas, responsabilizando al maltrato y a la ausencia de políticas estatales efectivas.
Por su parte, Úrsula López, referente local de Faccyr, reconoció que hay casos de maltrato, pero subrayó que no representan a la mayoría de los carreros, muchos de los cuales cuidan a los animales como parte de su familia. La dirigente enfatizó que el carro es, para estas personas, la única fuente de ingresos y denunció que algunos trabajadores ya no se atreven a salir a recolectar por miedo a sanciones, lo que complica garantizar la alimentación diaria de sus hogares.
López estimó que solo en San Miguel de Tucumán habría unos 250 carreros, aunque admitió que no existen cifras precisas para toda la provincia. Recordó que en el debate legislativo del año pasado, el legislador Hugo Ledesma calculó que en Tucumán hay alrededor de 1.500 carros tirados por animales.
La dirigente destacó también que mantuvieron conversaciones con autoridades provinciales para buscar alternativas que permitan retirar a los animales de los carros sin dejar sin empleo a los trabajadores, aunque señaló falencias en algunas propuestas: “¿De qué sirve entregar un motocarro a alguien que no sabe leer ni escribir y luego no puede obtener el carnet de conducir?”, cuestionó. Además, comentó que en una planta de reciclado disponen de algunas tricicletas para recolectores urbanos, aunque dos de ellas fueron robadas.
Finalmente, la organización advirtió que no descarta intensificar las protestas si se avanza con la reglamentación sin considerar una solución integral para el sector. El proyecto de resolución ya fue girado a la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, donde comenzará su tratamiento en un clima de creciente tensión social y política en la provincia.