A escasos días de concluir el mes, las asignaciones discrecionales del Gobierno Nacional a las provincias han sufrido un marcado desplome, alcanzando solo $60 millones hasta el día 22. En comparación, durante el mismo periodo del año anterior, estas transferencias ascendían a $37.000 millones. Estas asignaciones, fuera del sistema de coparticipación, fueron advertidas por el ministro Luis Caputo como sujetas a reducciones mínimas.
En una reciente declaración, Caputo ratificó que, de no aprobarse los artículos económicos de la ley ómnibus, las medidas de ajuste se intensificarían. Esta postura ha vuelto a complicar las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores.
Los datos sobre las transferencias discrecionales provienen de la consultora Politikon Chaco, cuyo titular, Alejandro Pegoraro, indicó que la totalidad de los $60 millones se destinaron principalmente a «conducción y docencia; básicamente por Servicios Educativos».
En términos de distribución, la provincia de Buenos Aires recibió $14,2 millones; Córdoba, $12,6 millones; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $9,6 millones; Neuquén, $7,1 millones; Misiones, $6,1 millones; Mendoza, $5,3 millones; Corrientes, $3,6 millones; Tucumán, $1 millón y medio millón cada una para Chaco y Chubut. Otras jurisdicciones no registraron ingresos por esta vía.
Estas asignaciones incluyen transferencias para cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación (13 en total), el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la Asistencia a Provincias. Excepto las transferencias de ANSES y el Incentivo Docente, que cuentan con asignaciones presupuestarias y demandas judiciales, el resto carece de asignación específica y ha sido objeto de críticas debido a su distribución basada en preferencias, necesidades electorales y castigos.
En 2023, estas transferencias experimentaron una caída real interanual del 4,7%. A pesar de los aumentos notables durante la campaña electoral (agosto, septiembre, octubre y noviembre), no lograron mantener los montos. En diciembre, la disminución real respecto al mismo mes del año anterior fue del 16,1%, sumándose a la reducción del 19,4% (ajustada por inflación) en la coparticipación. Esto ha encendido las alarmas entre los gobernadores conscientes de que los recortes continuarían con la administración libertaria.
En el pasado año, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires fueron las jurisdicciones más afectadas por la retracción de estas transferencias discrecionales en relación con su gasto corriente. Este retroceso, sin duda, complica significativamente sus finanzas.
La reducción real de estos aportes, sumada a la disminución en la coparticipación debido a cambios en el impuesto a las ganancias y la desaceleración económica, junto con la caída de la recaudación propia de las provincias, configura un panorama desafiante para los gobernadores.
En respuesta a esta situación, algunas provincias han comenzado a tomar medidas precautorias. Buenos Aires emitió Letras por un monto de $66.000 millones entre el 17 y el 23 de este mes, mientras que Chaco lo hizo por $29.000 millones el 12 de enero. En el caso de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora autorizó a su ministro de Economía a utilizar esta herramienta financiera en enero, emitiendo Letras de corto plazo con un plazo máximo de un año, según detalla Pegoraro.