Condenan a dos personas a tres años de prisión en suspenso por vender mercadería estatal

Este jueves por la mañana, en el ámbito del fuero penal, se llevó a cabo un juicio abreviado en el que dos de los seis individuos acusados en el escándalo relacionado con la mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia fueron sentenciados a cumplir tres años de prisión en forma condicional. Los condenados son Alberto Felipe López y Arturo Alejandro Augier, quienes aceptaron formalmente su culpabilidad ante el juez Sebastián Mardiza, además de acordar la pena correspondiente por el delito de peculado. La defensa de ambos estuvo a cargo del abogado Javier Lobo Aragón.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal, Brenda Deroy, expuso los detalles de la maniobra ilícita, que fue admitida por los imputados, quienes también aceptaron cumplir con ciertas reglas de conducta como parte de la condena. Entre esas condiciones, se incluye la obligación de realizar tareas no remuneradas en beneficio del Estado o de instituciones de bien público, pero fuera de sus horarios laborales habituales.

Aunque el caso involucra a un grupo más amplio, uno de los principales sospechosos, Juan Alberto López Cansillieri —quien es hijo de Alberto López y señalado como presunto líder de esta red dedicada a la venta irregular de la mercadería asignada por Desarrollo Social— no formó parte del acuerdo judicial. Este último continúa detenido bajo prisión preventiva y no se descarta que enfrente un juicio oral y público próximamente.

La querella, representada por José María Molina de la Fiscalía de Estado, manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado, lo que permitió cerrar la causa respecto a estos dos acusados en menos de seis meses desde el inicio de la investigación.

Adicionalmente, en el marco del juicio abreviado, se impuso a Alberto López la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, dado que durante los hechos se desempeñaba en la Unidad de Reconversión Laboral (UNREL), organismo que fue disuelto tras un cambio de gestión, y también había trabajado en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, donde fue desvinculado tras un sumario administrativo.

Con el acuerdo establecido y el tipo de condena impuesta, tanto López, considerado coautor material del delito, como Augier, identificado como partícipe necesario, recuperaron su libertad. López estaba alojado en la comisaría 15, mientras que Augier había sido beneficiado con arresto domiciliario.