Marcelo Lizárraga, apoderado legal y representante del interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), José Díaz, presentó un escrito ante el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, denunciando «prácticas autoritarias y maniobras abusivas». Esta denuncia surge en el contexto de un Juicio de Responsabilidad iniciado por el Tribunal de Cuentas contra Díaz y otros 50 empleados de la CPA. El Tribunal acusa al interventor de autorizar comisiones de servicio que permitieron a los empleados trabajar en otras reparticiones.
Según Lizárraga, el conflicto tiene sus raíces en irregularidades detectadas por Díaz al asumir su cargo. Díaz sostiene que estas irregularidades fueron previamente aprobadas por el Tribunal de Cuentas y que involucraban a trabajadores de la CPA y a Esteban González, un asesor con licencia del Tribunal y pariente de Terraf. Esta relación familiar, argumenta Lizárraga, debería haber sido motivo suficiente para que Terraf se excusara del caso, lo cual no ocurrió.
Lizárraga solicitó la nulidad de los cargos contra Díaz, la suspensión de los plazos procesales y la recusación de Terraf, extendiendo la solicitud a otros empleados del Tribunal, Atilio Peluffo y Ramiro González Navarro, por falta de imparcialidad. Según Lizárraga, tanto Peluffo como González Navarro emitieron comisiones en la CPA que no fueron objetadas por el Tribunal, lo que contrasta con las actuales objeciones y sumarios generados contra la institución.
En su presentación, Lizárraga también señaló que tras la denuncia que involucraba a González, el Tribunal designó nuevos delegados fiscales que incurrieron en conductas abusivas, resultando en un conflicto judicial. Además, criticó los cambios en los criterios de control aplicados por el Tribunal sobre la CPA, afirmando que estos cambios se implementaron sin previo aviso y generaron objeciones basadas en criterios que el propio Tribunal había aplicado durante años sin problemas.
Para Lizárraga, las imputaciones contra Díaz carecen de validez y están viciadas, lo que viola el derecho de defensa de su cliente. Por ello, considera que los cargos y todos los actos subsecuentes derivados de ellos deben ser anulados.
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