La crisis en el transporte público de San Miguel de Tucumán volvió a profundizarse tras la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de extender la medida de fuerza que mantiene paralizado gran parte del servicio urbano. El gremio, que representa a los choferes de colectivos, resolvió en asamblea continuar con el paro durante este viernes, lo que implica que 13 de las 14 líneas que circulan por la Capital permanecerán sin prestar servicio.
El secretario general de la UTA, César González, confirmó la resolución en declaraciones al diario La Gaceta, donde explicó que los trabajadores ratificaron la continuidad del paro iniciado en rechazo a las 150 suspensiones impuestas por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). “La asamblea decidió sostener la medida a partir de las 0 horas”, detalló el dirigente, quien adelantó que durante la tarde del viernes volverán a reunirse para definir los pasos a seguir de cara al fin de semana.
González advirtió además que, en caso de no encontrar una respuesta satisfactoria, podrían endurecer las acciones desde el lunes, profundizando el conflicto que ya afecta a miles de usuarios. “Debemos defender a nuestros compañeros; las suspensiones significan una reducción de alrededor del 40% en los salarios, algo que no podemos permitir”, sostuvo el gremialista, remarcando la gravedad del impacto económico sobre los trabajadores.
Un conflicto que se agrava
La raíz del enfrentamiento se encuentra en la decisión de Aetat de suspender a 150 choferes, lo que desató el inmediato rechazo del sindicato. La medida afecta directamente a las líneas que operan dentro del ejido urbano de San Miguel de Tucumán, mientras que la única empresa que continúa funcionando es la Línea 8, que no aplicó sanciones a su personal.
El trasfondo del conflicto, sin embargo, no se limita al reclamo sindical. Desde hace meses, las tensiones entre las empresas prestatarias y la Municipalidad vienen en aumento por el modelo de financiamiento y las condiciones de operación del sistema. Los empresarios sostienen que el poder concedente no cumple con la ecuación económica prevista por la normativa vigente, lo que —según alegan— los coloca en una situación de quebranto financiero.
Por su parte, los servicios interurbanos y rurales no se ven afectados por la huelga, ya que las notificaciones de suspensión fueron enviadas únicamente a trabajadores del transporte urbano.
Reclamos cruzados y falta de control
Desde Aetat también apuntan al creciente transporte ilegal, especialmente a través de servicios como Uber Moto, que —afirman— operan sin los controles correspondientes por parte del municipio. En su defensa, los empresarios argumentan que la falta de fiscalización oficial genera una competencia desleal que agrava las dificultades económicas del sector formal.
Propuestas y tensiones con el Municipio
Tras las elecciones del 26 de octubre, los empresarios del transporte insistieron con su pedido de implementar un sistema de pago por kilómetro recorrido, similar al que funciona en la provincia de Salta. Según explican, este modelo permitiría un financiamiento más equilibrado y garantizaría ingresos estables para sostener el servicio sin necesidad de aumentar la tarifa.
El conflicto se intensificó luego de una serie de cruces entre Aetat y el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, quien calificó la postura de los empresarios como una “actitud extorsiva”. Desde la entidad empresarial respondieron asegurando que la “inacción” del municipio contribuye al deterioro del sistema, al no intervenir ante las irregularidades ni garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento del servicio público.
Sin intención de aumentar el boleto
Pese al clima de tensión, desde Aetat aclararon que no buscan un incremento tarifario, sino modificar el esquema de financiamiento para cubrir los costos operativos, entre los que destacan el combustible, los repuestos y los salarios.
Mientras tanto, los usuarios de la Capital tucumana continúan padeciendo las consecuencias del paro, que deja a miles de personas sin medios de transporte para llegar a sus trabajos, escuelas o centros de salud. Con las posiciones enfrentadas y sin señales de acercamiento, la continuidad del conflicto amenaza con extenderse durante el fin de semana y complicar aún más la movilidad en la ciudad.