La situación crítica en el sector del transporte ha intensificado las tensiones entre los empresarios del ramo y la Municipalidad de la Capital. Este conflicto se desarrolla en medio de anuncios de reducción en las rutas y la suspensión de conductores.
En una reunión entre la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) el jueves pasado, los directivos de Aetat comunicaron restricciones para enfrentar la compleja situación. Afirmaron que, a partir del viernes, operarán bajo una modalidad «de emergencia» en San Miguel de Tucumán, con la posibilidad de extender estas restricciones al resto de la provincia si no se encuentran alternativas de financiamiento para hacer frente a los crecientes costos operativos.
En paralelo, Aetat respondió a las advertencias del secretario de Movilidad Urbana de la Capital, Benjamín Nieva, sobre controles y posibles multas a partir del día siguiente. Aseguran que la reducción de servicios anunciada por los empresarios va en contra de las normativas vigentes.
Jorge Berretta, director de Aetat, señaló en dialogo con La Gaceta, que la reducción en las frecuencias fue comunicada en una reunión previa con la intendenta Rossana Chahla y su equipo. También destacó que la Municipalidad está en deuda con el Fondo de Transporte, alegando un monto de $70 millones, de los cuales $40 millones corresponden a Metropolitana SA. Berretta subrayó que los empresarios han hecho esfuerzos para mantener el servicio y que es hora de que no solo la provincia, sino también cada municipio, asuma responsabilidad en su jurisdicción.
«Llegó el momento de que no sólo la Provincia aporte al sistema de transporte público, sino también de que cada municipio se haga responsable en su jurisdicción», afirmó Berreta.
El director de Aetat resaltó la falta de reuniones con representantes del Gobierno provincial hasta el momento, pero expresó la intención de gestionar una audiencia para abordar este nuevo conflicto en el sector.
La crisis en el transporte público no es nueva, con varios años de dificultades. En 2018, se declaró el estado de emergencia en este ámbito y se aprobaron aportes del Estado provincial a empresas asociadas a Aetat. Estos subsidios fueron esenciales para mantener el servicio. Además, las empresas del interior reciben recursos de la Nación a través del fondo compensador por las tarifas, un sistema que está siendo revisado. Los empresarios sostienen que la combinación de subsidios, aportes provinciales y tarifas de usuarios no cubre salarios y costos operativos.
A pesar de los intentos de encontrar soluciones, como exenciones impositivas, ajustes automáticos en los boletos, refuerzos en las compensaciones nacionales o la contribución de fondos municipales, aún no se vislumbra una solución definitiva y de fondo para la crisis en el transporte.