En una sesión legislativa en Tucumán que terminó girando hacia un tema inesperado, la figura del titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), Edmundo “Pirincho” Jiménez, y el accionar de la Justicia provincial se transformaron en el verdadero eje del debate, aun cuando el orden del día estaba destinado a tratar un proyecto que buscaba incorporar al sistema de protección de testigos a víctimas y declarantes en procesos de narcomenudeo. La reunión fue conducida por el presidente subrogante Sergio Mansilla, dado que el vicegobernador Miguel Acevedo se encontraba al frente del Ejecutivo por la licencia política del gobernador Osvaldo Jaldo, abocado a la campaña electoral.
En ese contexto, la discusión se vio atravesada por referencias al resonante caso que involucra al exjugador de Vélez José Florentín, quien recientemente presentó una contradenuncia contra la periodista tucumana que lo había acusado, junto a otros tres futbolistas —Abiel Osorio, Braian Cufré y Sebastián Sosa—, de haberla violado en manada en marzo de 2024. Lo llamativo fue que, pese a que el tema era ajeno a la agenda del día, la presidencia no interrumpió las intervenciones, lo que derivó en un debate candente que incluso incluyó un intento de moción para girar denuncias a la Comisión de Juicio Político, iniciativa que fracasó por el freno del bloque oficialista del PJ, aunque contó con el respaldo opositor.
La denuncia original apuntaba a un ataque sexual en la habitación 407 de un hotel donde se alojaba la delegación velezana, tras un partido en el estadio Monumental José Fierro. La víctima, de 26 años y trabajadora de La Caja Popular de Ahorros, había declarado en Cámara Gesell que fue contactada por Sosa a través de Instagram y que luego, tras consumir alcohol, fue abusada por los cuatro acusados. Más de un año después, la causa a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello aún no había sido elevada a juicio, a pesar de contar con pruebas como peritajes de teléfonos y chats de WhatsApp, mientras los imputados permanecen en libertad.
En paralelo, Florentín presentó la semana pasada una contradenuncia, calificada como “denuncia trucha” por sectores opositores, en la que acusa a la propia víctima, a su padre, a testigos, a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, e incluso al diputado nacional Carlos Cisneros de integrar una asociación ilícita y cometer delitos como falso testimonio, estafa procesal y manipulación de documentos. El escrito de 61 páginas sostiene la existencia de un supuesto “plan criminal” y pide medidas como detenciones, allanamientos y control de geolocalizaciones. La fiscal Mariana Rivadeneira dio curso rápidamente a esas solicitudes, autorizando allanamientos en los domicilios de la víctima y su familia —incluyendo el secuestro de celulares de la madre, la abuela y hasta un menor—, en estudios jurídicos y hasta en el medio digital Enterate Tucumán, lo que generó fuerte polémica.
El legislador peronista Hugo Ledesma fue quien llevó el tema al recinto, denunciando las irregularidades y respaldando a la víctima y al gremio bancario. Con tono enérgico expresó: “Quiero hacer referencia a un hecho muy grave que está pasando en estos momentos en la justicia tucumana donde ha ocurrido un hecho gravísimo donde una compañera trabajadora bancaria ha sido violada en manada por cuatro jugadores de fútbol y espera hace más de 15 meses que la justicia tucumana, que la fiscal Reynoso Cuello eleve a juicio esta causa. No conforme con estos 15 meses de dilación ha entrado por parte de un imputado una a la víctima, los abogados a los testigos y al diputado Carlos Cisneros de asociación ilícita. Nosotros en el gremio bancario somos solidarios y somos combativos y tenemos un lema: nos tocan a uno, nos tocan a todos y acá nos han tocado una compañera, la han violado en manada y nosotros vamos a ser solidarios y la vamos a defender”.
El mismo legislador reforzó su denuncia cuestionando la rapidez con la que se avanzó en la contradenuncia: “Esta denuncia trucha que están armando fue tomada en tiempo récord por la fiscal Mariana Rivadeneira y de la noche a la mañana se autorizaron allanamientos a la propia víctima de abuso sexual, a su papá, al abogado y a los testigos. ¿Qué justicia puede buscar una mujer si cuando va a denunciar es allanada y es apretada? (…) El abogado Camilo Atim que lleva adelante esta denuncia trucha se jacta y dice que está bien bancado desde bien arriba (…) y eso solo tiene un nombre: Pincho Jiménez”.
Según Ledesma, los operativos también incluyeron situaciones inadmisibles, como el allanamiento a la redacción de Enterate Tucumán, donde obligaron a los periodistas a identificarse con DNI, y la irrupción en estudios jurídicos sin la debida presencia de veedores del Colegio de Abogados. “Esto es grave y yo me pregunto hasta cuándo vamos a permitir que Pirincho Jiménez, que hace años que se tendría que haber jubilado, siga manejando la justicia”, concluyó indignado.
El debate sumó voces opositoras. La legisladora Silvia Elías de Pérez, desde el bloque Valores para Tucumán, se mostró conmovida y ligó el tema directamente al proyecto en discusión: “En esta provincia todos los delitos aberrantes que ocurren necesitan protección de testigo porque la justicia de Pirincho Jiménez lamentablemente no tiene en cuenta los delitos aberrantes y para una mujer que la violen en manada es más aberrante que cualquier otro delito que pueda existir”.
En la misma línea, José Cano, referente de Radicalismo Federal, denunció la doble vara del sistema judicial provincial. Tras recordar casos como la “causa Alberdi” y el femicidio de Paola Tacacho, expresó: “Me hubiese gustado, por ejemplo, que con la misma celeridad que está actuando en lo que hizo alusión el legislador Ledesma (…) hubiera actuado en otras causas de igual o mayor gravedad. (…) Estamos hablando de un poder que es fundamental para garantizar derechos constitucionales”.
El punto álgido llegó cuando el legislador Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán) propuso que las intervenciones de Ledesma, Elías de Pérez y Cano se remitieran a la Comisión de Juicio Político, al sostener: “Se están haciendo acusaciones muy graves y serias en el recinto (…) La Constitución nos manda que la Legislatura entienda sobre las conductas del gobernador, del vicegobernador y de los integrantes del Poder Judicial”.
Sin embargo, la moción no prosperó. El PJ bloqueó la iniciativa y fue el jefe de bancada, Roque Álvarez, quien argumentó: “No hemos acompañado alguna propuesta de giro del debate a la Comisión de Juicio Político porque absolutamente todos los señores legisladores (…) pueden ir al segundo piso y pedir juicio político a cualquiera de los 200 jueces del nivel que sea. Nadie le ha quitado el derecho a ninguno de los 49 señores legisladores”. Pese a ello, Álvarez no dejó de condenar los excesos: “Repudio el tema de que algún medio de prensa se haya visto violentado, amedrentado o lo que fuere por una confusión o no y se haya visto allanado y vivido un momento de tensión. Claro que lo repudiamos”.
Así, la sesión terminó mostrando con crudeza las tensiones entre oficialismo y oposición en torno al rol de la Justicia tucumana y a la figura de “Pirincho” Jiménez, que una vez más quedó en el centro de la escena./Fuente: Tendencia de Noticias