En un reciente proceso judicial llevado a cabo en Monteros, tres figuras destacadas de la administración municipal de Tafí del Valle fueron declaradas culpables por los delitos de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. Entre los sentenciados se encuentran Jorge Manuel Yapura Astorga, quien ejerció como intendente de la localidad, su expareja Nerina Mustafá, y el hijo de ambos, Jorge Eduardo Yapura Astorga.
Los tres enfrentan condenas a prisión efectiva y sanciones económicas significativas que deberán abonarse tras la confirmación de la sentencia por las instancias superiores. Este caso surgió a partir de una denuncia presentada por Sebastián Luna y Daniel Arnedo, quienes acusaron al exintendente de realizar, entre 2011 y 2015, compras directas en un comercio local denominado Floppy III, propiedad de su entonces pareja, Mustafá.
Patricia Ladetto, contadora designada por la Corte Suprema de Justicia para colaborar con el juez Mario Velázquez durante la investigación, describió a los imputados como un «grupo económico familiar». Según su testimonio, las operaciones con Floppy III violaban la normativa vigente y el patrimonio de los involucrados había crecido de forma desproporcionada e injustificada durante el periodo investigado.
Ante las pruebas aportadas, el tribunal impuso a los condenados penas de prisión, además del decomiso de activos que fueron considerados producto de actividades ilícitas. En cuanto a las sanciones económicas, el exintendente y Mustafá deberán pagar una multa que corresponde al 50% de 751.000 pesos, cifra que representa el aumento injustificado de sus bienes entre 2011 y 2015. Al ajustarse esta cantidad a la inflación acumulada hasta octubre de 2023, el monto a desembolsar por cada uno podría superar los 40 millones de pesos. Por su parte, el hijo, Jorge Eduardo Yapura Astorga, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y enfrenta una multa cercana a los 16 millones de pesos.
Durante el juicio, los acusados admitieron haber realizado las compras directas pero defendieron su legalidad, argumentando que estaban autorizadas por el Concejo Deliberante y dentro de los límites establecidos por las normativas. Macario Santamarina, abogado defensor, sostuvo que no se había producido un daño al erario público y que las operaciones cumplían con los montos permitidos. Sin embargo, el tribunal concluyó que las evidencias demostraban lo contrario.
Además de las sentencias principales, otros funcionarios de la administración municipal también recibieron condenas. Julio Mercado, secretario municipal, y Sergio Andrés Astorga Lagoria, fueron sancionados con penas de prisión condicional y se les inhabilitó para ocupar cargos públicos. Por otro lado, Olayo Medina, quien ocupaba el cargo de tesorero general, fue absuelto de todas las acusaciones.
Aunque la sentencia puede ser apelada, el fallo destaca la necesidad de reforzar la transparencia en la administración de fondos públicos y la rendición de cuentas en los gobiernos locales. La resolución será revisada por la Cámara de Apelaciones y, eventualmente, por la Corte Suprema, una vez que se presenten los fundamentos del fallo y los recursos de la defensa. Este caso de Tafí del Valle subraya la relevancia de garantizar un manejo ético y responsable de los recursos públicos.