Lo que había sido promocionado con gran entusiasmo como el evento más esperado de la temporada terminó convirtiéndose en un foco de controversia, generando desmentidas, reclamos y posibles denuncias por estafa. La Seven Party, anunciada como una celebración sin precedentes, fue abruptamente clausurada por la Policía luego de que se descubriera que carecía de la autorización correspondiente para su realización. Ahora, los organizadores se enfrentan a fuertes críticas y la amenaza de acciones legales si no reembolsan el dinero de las entradas.
La fiesta clandestina quedó al descubierto en la madrugada del domingo, cuando una residente de la localidad de El Mollar alertó a las autoridades sobre la presencia de una gran cantidad de jóvenes deambulando en las inmediaciones del barrio Ojo de Agua y dirigiéndose al club San José. En respuesta a este reporte, una patrulla policial se trasladó al lugar y entabló un diálogo con Fabrizzio Orfali Marengo, señalado como el principal organizador del evento.
Orfali Marengo, propietario de la empresa Tree Night SAS, reconoció ante los oficiales que el evento no contaba con las autorizaciones necesarias y, además, admitió que tampoco tenía permiso para la venta de bebidas alcohólicas en el lugar. Frente a esta situación, el jefe de la Unidad Regional Oeste, Marcos Goane, tomó la determinación de desplegar un operativo especial para desalojar el sitio.
Según informes de las fuerzas de seguridad, en el momento de la intervención policial había más de 4.000 jóvenes tanto dentro como fuera del recinto. Aunque no se registraron daños materiales ni incidentes de violencia durante la evacuación, sí se reportaron quejas de los asistentes, quienes denunciaron haber sido tratados de manera brusca por los efectivos. Además, se generó una problemática adicional: ante la repentina cancelación de la fiesta, numerosos adolescentes quedaron varados en la zona y debieron caminar durante varias horas para regresar a sus hogares o alojamientos.
La Seven Party había sido anunciada desde octubre con una intensa campaña publicitaria en redes sociales. Dado que su fecha de realización coincidía con la finalización del reconocido Seven de Tafí, muchos asistentes asumieron que el evento formaba parte de las actividades oficiales del torneo de rugby. Sin embargo, esta relación fue desmentida categóricamente por los organizadores del campeonato deportivo.
Ricardo Fortino, uno de los referentes del Seven de Tafí, aclaró al respecto: “Nosotros no tenemos ninguna vinculación con esa fiesta. Lo único que organizamos es el evento de tercer tiempo, y además tercerizamos su producción a otra empresa”.
Asimismo, Fortino explicó que, al percatarse de la confusión generada, realizaron las consultas legales pertinentes para determinar si se estaba utilizando la marca del Seven de Tafí con fines comerciales. “Nos dijeron que, técnicamente, no podíamos hacer nada porque ellos solo usaban la palabra ‘Seven’. Pero nos pareció necesario aclarar la situación en redes sociales porque hasta diseñaron un logo similar al nuestro”, afirmó.
Los problemas para los organizadores comenzaron cuando el Concejo Deliberante de Tafí del Valle decidió prohibir la realización de fiestas en carpas con el objetivo de preservar la tranquilidad de la villa turística. Esta nueva normativa obligó a los responsables de la Seven Party a cambiar varias veces la ubicación del evento, lo que generó sospechas entre algunos asistentes.
Lorena Martínez, una joven de 17 años que había adquirido su entrada, manifestó su indignación: “No tenía idea de que en Tafí estaban prohibiendo estas fiestas. Con razón cambiaron de lugar tantas veces. Si lo hubieran dicho desde el principio, mucha gente no habría gastado plata en esto”.
Pese a las restricciones en Tafí del Valle, los organizadores optaron por trasladar la fiesta a El Mollar, localidad que no se encuentra bajo la jurisdicción de la normativa recientemente aprobada. Sin embargo, la falta de permisos terminó por frustrar la realización del evento.
El equipo organizador de la fiesta demostró tener una gran capacidad para atraer público y generar expectativa en torno al evento. No solo escogieron un nombre que evitaba conflictos legales con el Seven de Tafí, sino que además diseñaron una estrategia de ventas meticulosamente planificada.
Las entradas fueron vendidas con precios escalonados: inicialmente, el costo oscilaba entre $12.000 y $15.000, pero a medida que se acercaba la fecha, el valor se incrementó hasta $40.000. También se ofrecían mesas VIP, cuyo costo variaba entre $300.000 (para seis personas) y $500.000 (para ocho asistentes). Las ventas se realizaron a través de la plataforma Passline.
Uno de los aspectos más polémicos fue la comercialización de alcohol. A pesar de que el público objetivo de la fiesta eran los adolescentes, en la promoción del evento se incluían paquetes que ofrecían bebidas alcohólicas como vodka, cerveza, champagne y energizantes, con variaciones en las cantidades dependiendo del precio pagado por cada grupo.
La cancelación del evento desató una ola de indignación en redes sociales, donde los afectados expresaron su descontento con duras críticas hacia los organizadores. Comentarios como “Nos estafaron”, “Que nos devuelvan la plata” y “Alguien se tiene que hacer cargo” se replicaron en múltiples publicaciones.
Marianela Ortiz, de 17 años, relató su experiencia: “Lo peor no fue que cancelaran la fiesta, sino que nos dejaron tirados. Nos tuvieron corriendo de un lado a otro porque llegó la Policía y no teníamos cómo volver”.
Claudio Villafañe, de 19 años, fue aún más contundente: “Esto ya pasó otras veces. Me dijeron que estos tipos siempre hacen lo mismo. Organizan la fiesta, esperan a que la Policía la clausure y se quedan con toda la guita”.
Mientras tanto, los padres de los jóvenes afectados también alzaron su voz, denunciando el trato recibido por sus hijos durante el desalojo.
“La Policía entró con escudos y garrotes, gritándoles que se fueran. Mis hijas me llamaron a las cuatro de la mañana desesperadas. Caminaron horas para volver”, contó María Laura de Pedraza.
Sin embargo, las autoridades policiales negaron haber cometido excesos. Marcos Goane, jefe de la Unidad Regional Oeste, afirmó que se desplegaron 75 efectivos para desalojar a más de 4.000 personas y que no hubo incidentes graves. También reveló que esa misma noche tuvieron que asistir múltiples casos de jóvenes en estado de coma etílico.
Hasta el momento, ningún damnificado ha presentado una denuncia formal contra los organizadores. A pesar de ello, la empresa Tree Night SAS ya fue sancionada administrativamente por la municipalidad de Tafí del Valle y la comuna de El Mollar.
El fiscal Miguel Varela confirmó que aún no se abrió ningún expediente judicial al respecto, pero la Policía invitó a los afectados a radicar denuncias si consideran que fueron víctimas de estafa.
Mientras tanto, el organizador Fabrizzio Orfali Marengo evitó realizar declaraciones, aunque su abogado, Juan Pablo Bello, adelantó que en las próximas horas emitirán un comunicado explicando lo sucedido y los pasos a seguir para solucionar el conflicto./Fuente: La Gaceta
Han pasado ya dos años desde el inesperado ataque perpetrado por Hamas en contra de…
Un trágico accidente vial se cobró la vida de un hombre tucumano, Miguel Corbalán, de…
Un lamentable accidente tuvo lugar este domingo en la esquina de Perú y Pasaje Martín…
San Martín de Tucumán sufrió otra desilusión deportiva. En un encuentro decisivo por el Reducido…
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió con firmeza este domingo el reciente acuerdo financiero…
El reciente espectáculo ofrecido por el presidente Javier Milei en el Movistar Arena se convirtió…