Definieron el destino judicial de Cachito tras recuperarse del ataque de perros

La Justicia de Tucumán resolvió ordenar la aprehensión de Diego Luciano Fernández, conocido popularmente como “Cachito” y de 28 años de edad, quien días atrás sufrió un brutal ataque por parte de una jauría de aproximadamente quince perros en la ciudad de Yerba Buena. No obstante, la medida judicial aún no se pudo concretar, ya que los médicos que lo atienden en el hospital no firmaron su alta, requisito indispensable para que pueda ser trasladado bajo custodia policial.

La decisión de la fiscalía se sustenta en una acusación por el delito de hurto. Este giro en la investigación se produjo tras el hallazgo de una mochila con naranjas dentro de la propiedad a la que Fernández había ingresado y donde se desencadenó el feroz ataque.

El hecho tuvo lugar el martes pasado, alrededor del mediodía, en una vivienda ubicada en calle La Madrid al 2700, propiedad de María Cristina Salinas. Según lo reconstruido, Fernández ingresó al predio y, de inmediato, fue atacado con extrema violencia por los animales, que le provocaron graves lesiones en diversas partes del cuerpo, incluyendo la mutilación parcial de sus genitales. Primero fue asistido en el hospital Carrillo y, posteriormente, derivado al Centro de Salud, donde recibió un tratamiento especial destinado a evitar infecciones.

El rescate del joven fue posible gracias a la intervención de varios vecinos y de dos hombres que, al escuchar los gritos desesperados, rompieron el portón de la vivienda para liberarlo. Todo lo sucedido quedó registrado en imágenes que, con rapidez, circularon por redes sociales y medios de comunicación, impactando a la opinión pública de todo el país.

Desde que trascendió el episodio, distintas versiones sobre cómo Fernández entró a la propiedad alimentaron la controversia. Por un lado, la madre del joven aseguró que la dueña de la casa lo conocía previamente, que en varias oportunidades le había encargado mandados y trabajos como cortar el césped, y que, en esta ocasión, le había autorizado a pasar para recolectar algunas naranjas. Por el contrario, la propietaria declaró ante la Policía y la fiscalía que Fernández no tenía permiso, que saltó la tapia para ingresar, cayó sobre un tunal y hasta ocasionó daños en el lugar.

Aunque la mujer no lo acusó de haberle robado objetos de valor ni de haberla amenazado, un día después del ataque aportó un dato clave: la existencia de una mochila con naranjas dentro de la vivienda. Esa evidencia resultó suficiente para que la fiscala María del Carmen Reuter dispusiera su aprehensión por el delito de hurto.

La situación también generó división entre los propios vecinos de la zona. Para algunos, Fernández es ampliamente conocido por sus problemas de adicciones y su historial de pequeños robos. “Ese chango robaba lo que podía para comprar drogas. Ojalá ahora, además de meterlo preso, lo ayuden a recuperarse”, declaró Josefina Riera. Otros, en cambio, cuestionaron la falta de previsión judicial y advirtieron sobre las consecuencias que pudo haber tenido el ataque. “Si se hubiera muerto, la única con problemas sería la dueña de los perros”, opinó el comerciante Lautaro García.

El debate se intensificó cuando salieron a la luz los antecedentes penales de Fernández. De acuerdo con fuentes judiciales, en los últimos nueve años acumuló 27 causas: una vinculada a violencia de género, dos por atentado y resistencia a la autoridad y el resto relacionadas con delitos contra la propiedad. Sin embargo, a pesar de este extenso historial, nunca llegó a recibir una condena.

La situación actual representa la segunda ocasión en pocos días en la que Fernández queda involucrado en un proceso judicial. Apenas una semana antes había sido detenido por la Policía bajo la acusación de haber robado una computadora en un comercio de Yerba Buena. El aparato fue localizado en un local de reparación, donde, presuntamente, el joven intentaba venderlo. No obstante, al no reunir pruebas suficientes, la Justicia ordenó su liberación.

Ahora, será la fiscala Reuter quien deba resolver en breve la situación procesal de Fernández. Su permanencia en el hospital bajo custodia policial, sumada a la imputación por hurto y a sus numerosos antecedentes, podrían complicar de manera significativa su panorama judicial. Este caso no solo abre un nuevo capítulo sobre el accionar de la Justicia frente a delitos menores y personas con problemas de adicción, sino que también reaviva la discusión acerca de la falta de condenas efectivas pese a reiteradas detenciones.