Desde hace varias semanas, el municipio de Juan Bautista Alberdi se encuentra envuelto en un escándalo de proporciones crecientes, cuyas derivaciones han alcanzado tanto a la Justicia federal como a la provincial. El centro de atención se ha desplazado hacia una figura conocida por casi todos los habitantes del pueblo: Roque “Chipi” Giménez, un empresario local cuya súbita prosperidad ha despertado sospechas. Giménez fue mencionado en un controvertido audio junto al exintendente Luis “Pato” Campos, lo que lo colocó bajo la lupa judicial. La sospecha principal gira en torno a su posible vínculo con maniobras de lavado de dinero, contratos de obras públicas y una constructora cuya existencia real está siendo seriamente cuestionada.
Luego de un trabajo de inteligencia fue capturado en una vivienda de la capital tucumana.
La investigación judicial, liderada por los fiscales Rafael Vehils Ruiz y Mónica García de Targa, intenta establecer si Giménez habría operado a través de una empresa ficticia para desviar fondos estatales o insertar en el circuito legal dinero proveniente de actividades ilícitas. En el eje de la causa se encuentra Giménez Consulting Group SAS, constituida formalmente el 3 de febrero de 2022 junto a su madre, Susana del Valle Argañaraz. La documentación correspondiente fue registrada ante la Dirección de Personerías Jurídicas de Tucumán.
El domicilio declarado en el acta es Napoleón Marañón 551. Sin embargo, al verificar la dirección, surgieron dudas contundentes: vecinos del barrio afirman que dicha numeración no existe. “Nunca funcionó una constructora acá. Esa casa está cerrada desde que falleció su antigua dueña, hace ya varios años”, comentó Marcos, trabajador de la sede local de UATRE. A simple vista, el lugar carece de cualquier indicio de actividad empresarial: no hay cartelería, movimiento de personal ni elementos propios de una empresa vinculada a obras públicas.
El ascenso económico de Giménez no pasó desapercibido en la localidad. Antiguamente conocido como el hijo de una trabajadora que manejaba una remisería y vendía verduras, de un momento a otro comenzó a presentarse como empresario del rubro de la construcción. Su transformación fue tan abrupta como llamativa. “Un día tenían una remisería, al otro aparecían con camionetas nuevas y hablaban de una empresa que nadie conocía”, relató Graciela, una comerciante de la misma cuadra donde Argañaraz solía atender su negocio. El local de transporte cerró sin previo aviso y, según comentan, habría sido entregado a otra persona sin mayores explicaciones.
Diversos vecinos aseguran haber visto a Giménez trabajando en la construcción de la nueva sala velatoria municipal, una de las obras adjudicadas a su empresa, por la cual se habrían cobrado alrededor de 15 millones de pesos. Otra obra en la que se involucró fue la remodelación del antiguo Mercado Municipal, aunque ese proyecto quedó inconcluso por falta de pago. Se lo vincula también con tareas en el Centro Cultural Municipal y en la reparación de calles, aunque ninguna de estas intervenciones cuenta con documentación pública oficial que las respalde. “No hubo nunca un anuncio, ni un cartel, ni un llamado a licitación. Nadie sabe cómo consiguió esas obras”, señaló un trabajador del Centro Cultural que solicitó anonimato. Según su testimonio, Giménez fue contratado para rehacer el cielorraso del edificio luego de fallas en la construcción original.
La causa judicial tomó impulso tras la difusión de un audio entre Giménez y el exintendente Campos, en el que se oyen supuestas presiones para exigir pagos por trabajos realizados y amenazas de posibles denuncias. Esta filtración desencadenó una crisis institucional profunda: el municipio fue intervenido y el Concejo Deliberante quedó bajo revisión. A raíz de ese material, la causa tomó una dimensión aún mayor, con nuevas sospechas vinculadas a delitos como narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita, que podrían implicar a otros funcionarios locales.
En Juan Bautista Alberdi, el nombre “Chipi” resuena con fuerza. Todos conocen a su familia, que siempre habitó una casa modesta ubicada a pocas cuadras de la plaza central, fácilmente identificable por sus plantas y una fachada característica. Aunque se intentó obtener declaraciones por parte de su madre, Susana Argañaraz, quien figura como socia fundadora de la empresa investigada, la respuesta fue categórica: “Por ahora no va a hacer declaraciones”.
Mientras tanto, el expediente judicial continúa avanzando, sumando pruebas y declaraciones que podrían ampliar el alcance de las imputaciones. La gran incógnita que persiste es si Giménez Consulting Group SAS fue una empresa utilizada como fachada para el manejo irregular de fondos públicos. La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación y no se descarta que en las próximas semanas se sumen nuevas personas imputadas.
Lo que empezó como un rumor de pueblo se ha transformado en una causa judicial compleja que mantiene en vilo a toda una comunidad, ahora enfrentada a una realidad más turbia y profunda de lo que muchos sospechaban.