La Justicia Federal de Tucumán se encuentra envuelta en un escándalo que amenaza con sacudir su estructura interna, luego de que se conociera una denuncia por presunto tráfico de influencias y venta de sentencias. La acusación apunta a un allegado del camarista Mario Leal y cuenta con respaldo documental que incluye grabaciones, chats y fotografías, involucrando tanto a funcionarios judiciales como a personas de su círculo cercano.
El caso trascendió el 29 de abril de 2025, cuando Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de ARCA Tucumán, presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit. Según Martínez, Luis Alejandro Ontiveros —identificado como “sobrino” del camarista Leal— le ofreció un fallo favorable para su hijo, quien estaba procesado en Catamarca por lavado de activos y asociación ilícita, a cambio de una coima. En las gestiones también se mencionó a Solana Esther Casella, pareja de Ontiveros, relatora de Leal y candidata a jueza federal, señalada como supuesta redactora de la resolución.
Martínez detalló que el primer ofrecimiento habría ocurrido en 2023, durante un encuentro en un bar de San Miguel de Tucumán, cuando Ontiveros habría solicitado U$S 100.000 para lograr el sobreseimiento de su hijo. Dos años después, en abril de 2025, la negociación se retomó en Yerba Buena, donde se grabó el nuevo encuentro y Ontiveros habría reducido la suma a U$S 80.000. El denunciante aportó diversas pruebas, incluyendo capturas de pantalla, videos y un audio obtenido mediante micrófono oculto.
La investigación, bajo supervisión del fiscal Chit, permitió corroborar que Ontiveros hacía uso de un vehículo oficial de la Corte Suprema asignado al camarista Leal y mantenía un vínculo personal con él. También se constató que Ontiveros utilizaba la billetera virtual del juez para realizar pagos, que Casella se desempeñaba como relatora en la vocalía de Leal y que otro hermano de Ontiveros trabajaba dentro del Poder Judicial.
Con estas evidencias, el juez federal subrogante José Manuel Díaz Vélez autorizó la intervención de comunicaciones y el secuestro del celular de Ontiveros, operativo llevado a cabo el 4 de junio. Posteriormente, el 11 de agosto, Díaz Vélez reconoció a Martínez Salazar Pérez como querellante y rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa. El 20 de agosto, peritos del ECIF extrajeron datos del teléfono secuestrado con el objetivo de analizar mensajes y evidencias vinculadas a la denuncia, cuyo resultado será determinante para decidir si Ontiveros será citado a indagatoria.
Ontiveros, por su parte, negó de manera categórica las acusaciones, calificándolas de “montaje para ensuciar” a su pareja, Solana Casella, quien aspira a convertirse en la primera jueza federal electoral de Tucumán. Además, presentó una contradenuncia por falso testimonio contra Martínez Salazar Pérez, a quien acusó de buscar la nulidad del proceso que enfrenta su hijo.
Su abogado, Camilo Atim, cuestionó la investigación y la consideró “falsa y guionada”, argumentando que la sentencia que supuestamente se ofreció fue dictada por unanimidad de los cinco camaristas, por lo que es “absurdo pensar que un relator pudiera modificar la decisión de un tribunal colegiado”. Además, remarcó que Casella estuvo de licencia por maternidad durante el proceso mencionado y que nunca se desempeñó como relatora de esa causa. En cuanto al audio presentado como prueba, la defensa aseguró que un informe de Gendarmería lo calificó como “inaudible” y que no existe ningún mensaje o grabación que confirme un pedido de dinero.
A pesar de estas desmentidas, la denuncia sigue su curso y mantiene en vilo a la Justicia Federal tucumana. El fiscal Chit deberá determinar, tras analizar el material extraído del celular, si procede a imputar formalmente a Ontiveros por tráfico de influencias.
Paralelamente, el caso ha generado repercusiones políticas y judiciales, ya que podría afectar no solo la postulación de Casella como jueza federal, sino también la reputación de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, señalada en la causa como el epicentro de un presunto entramado de corrupción.