En una contundente acción legal, el Gobierno provincial avanzó este domingo con la recuperación de terrenos fiscales ocupados ilegalmente en la Reserva La Angostura. La intervención se concretó mediante un operativo llevado a cabo por fuerzas policiales en un sector conocido como “Loteo Monrroy”, donde se constató que, a pesar de una orden judicial previa que prohibía expresamente cualquier intervención edilicia, se habían levantado estructuras en clara infracción a la ley.
El procedimiento fue avalado por el juez Marcos Núñez Campero, a pedido de la fiscal Mónica García. La ejecución del allanamiento estuvo en manos de efectivos de la comisaría de El Mollar, quienes actuaron bajo la coordinación de los comisarios Carlos Díaz, Esteban Toledo y Marcos Goane.
Durante la inspección, las autoridades detectaron y secuestraron una considerable cantidad de materiales de obra, herramientas de construcción y generadores eléctricos, elementos que se estaban utilizando para edificar dos viviendas en el área en cuestión. Al momento del operativo no se encontraron personas en el lugar, por lo que no se pudo realizar la notificación directa a los responsables. No obstante, el proceso judicial ya está en marcha bajo cargos por usurpación y desobediencia a una orden judicial.
Este predio en particular posee una ubicación privilegiada dentro de El Mollar: se trata de una zona elevada y de bajo tránsito, con una vista panorámica del valle, lo que ha incrementado su valor e interés para quienes buscan desarrollos inmobiliarios informales. Originalmente, estas tierras fueron cedidas en los años 80 al Automóvil Club Argentino para desarrollar un emprendimiento turístico que fue abandonado en la década siguiente. Aunque hubo un intento de devolver el dominio a la Provincia, el trámite no se completó, lo que generó un vacío legal que fue aprovechado por particulares para instalarse sin autorización.
Fernando Arroyo, vecino de Monteros, explicó que esta porción del terreno es codiciada no solo por su belleza natural, sino también por su ubicación estratégica cercana al vertedero del dique La Angostura, lo que la coloca bajo dominio público hidráulico y dentro de una reserva natural protegida.
Frente a esta situación, la fiscal de Estado Gilda Pedicone instruyó la escrituración oficial de los terrenos para garantizar la titularidad estatal. Una vez confirmado el dominio de la Provincia, se envió un requerimiento formal a los hermanos Juan Ramón, Carlos, Victorio y Fernando Monrroy, instándolos a abandonar el lugar. Ante la negativa de estos, se inició una causa penal y se procedió al allanamiento.
La Fiscalía también anunció que el Estado se presentará como querellante en el caso, representado por el abogado José María Molina. Desde el entorno de la fiscal Pedicone se subrayó que el objetivo es proteger áreas clave para el desarrollo turístico y el equilibrio ambiental, evitando que estas sean apropiadas de forma irregular.
Este episodio no es aislado. Ya a principios del año se registró un caso similar en el “Loteo Gaucho Castro”, donde un comerciante local, Fernando Bolla, fue sorprendido edificando sin autorización. Tras una negociación, accedió a una probation que incluyó una compensación económica y el retiro voluntario de las construcciones, lo cual estableció un precedente legal claro.
Estas acciones se inscriben en un operativo provincial más amplio que apunta a erradicar el avance de loteos clandestinos sobre zonas naturales de alto valor paisajístico. La Policía logró impedir nuevos asentamientos ilegales en sectores como Ojo de Agua, El Lago y Juana de Azurduy. En los últimos siete meses, también se logró recuperar predios ocupados por diversos emprendimientos irregulares, como una confitería en la entrada del Valle, el club Tres Cruces, un servicio de pesca conocido como “El Pelao” y el terreno utilizado por el Tucumán Yacht Club.
Pese a los avances, aún quedan dos focos sin resolución definitiva: el ya judicializado Loteo Monrroy y el caso del Club Náutico, cuyos administradores se encuentran negociando una regularización legal para evitar el desalojo.
Con estas medidas, el Gobierno provincial busca enviar un mensaje claro: las reservas naturales y tierras fiscales no son patrimonio disponible para la apropiación privada. “Hay una voluntad política concreta de recuperar y proteger el patrimonio público. Lo que antes era un espacio de ambigüedad legal hoy se está transformando en una política clara de ordenamiento territorial y respeto al medioambiente”, afirmaron voceros oficiales.