La Justicia penal ha establecido finalmente las fechas para el juicio oral y público en contra de Cristina Mabel Contreras, la comisionada de Las Cejas, en el marco de una causa iniciada en 2018 tras denuncias de exempleados de la comuna. Según consta en los registros oficiales del Poder Judicial, el juez Antonio Gutiérrez dispuso que la funcionaria comparezca en las audiencias los días 28 y 29 de abril del año próximo.
Esta causa fue elevada a juicio en 2024 a partir del requerimiento del fiscal Diego López Ávila, con la aprobación del juez Raúl Armando Cardozo. Contreras está acusada por delitos de extorsión en perjuicio de Mónica Dolores Risso, Ramón Ernesto Soto y José Silvestre Risso, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (afectando a la Administración Pública), y en concurso real con estafas en dos ocasiones, también en perjuicio de Soto y Risso.
Durante la investigación se identificaron cuatro hechos principales que deberán ser esclarecidos durante el juicio. El primero se refiere al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, cuando Contreras, en su rol de comisionada, contrató a Mónica Dolores Risso para prestar servicios en la comuna. Según la acusación, la funcionaria “abusando de su cargo” y “con intenciones de apropiarse de sumas dinerarias”, le indicó a la trabajadora que debía compartir su salario con otros empleados de la entidad pública para mantener su contrato. Los montos oscilaban entre $9.478,70 y $14.656,73, pero la víctima solo recibía $3.000, mientras que Contreras se quedaba con la tarjeta de débito.
El segundo hecho involucra al ciudadano Ramón Ernesto Soto, con quien la funcionaria habría realizado maniobras similares entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016, y nuevamente entre el 1 de octubre de 2016 y el 28 de febrero de 2018.
El tercer hecho señala que, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016, y posteriormente entre el 1 de julio de 2017 y el 28 de agosto de 2018, José Silvestre Risso fue víctima de una operación idéntica a las anteriores.
El cuarto hecho denunciado corresponde al 22 de marzo de 2018, cuando Contreras, “aprovechando tener retenidas las tarjetas de débito del Banco Tucumán Grupo Macro pertenecientes a José Silvestre Risso y Ramón Ernesto Soto”, las utilizó indebidamente en un cajero automático ubicado en Maipú 70 de la Capital entre las 9:26 y las 9:36, extrayendo dinero de sus cuentas sueldo.
En septiembre de 2023, a través de su abogado Gustavo Morales, Contreras presentó un escrito adjuntando un acta notarial que contenía la “manifestación” y “retractación” de Ramón Ernesto Soto como querellante, lo que llevó a que se aceptara su desistimiento en ese rol. No obstante, el juez recordó que “la acción respecto de los cuatro hechos investigados en esta causa es pública”, por lo que “nada obsta a la prosecución de la causa en el estado en que se encuentra”.
Con este trámite cumplido, el juez Gutiérrez confirmó la realización del juicio oral y público el año próximo.
Paralelamente a la causa judicial, Contreras enfrenta un proceso administrativo ante el Tribunal de Cuentas por una denuncia presentada por el dirigente Enrique Romero. Según la acusación, la funcionaria habría utilizado facturas de compras de materiales a nombre de la comuna para la construcción de una vivienda particular en El Cadillal. Contreras rechazó estas imputaciones. El Tribunal de Cuentas, mediante el acuerdo 4.339, constató la veracidad de los recibos y advirtió que no fueron incluidos en las rendiciones de cuentas de la comuna, otorgando un plazo de cinco días hábiles para presentar los informes bancarios correspondientes.