En la investigación sobre la venta ilegal de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social, el fiscal Ignacio López Bustos está explorando dos líneas que apuntan hacia la posibilidad de que la mercadería, inicialmente destinada a fines benéficos, haya sido desviada para ser entregada en forma de bolsones durante las últimas elecciones o como parte de un sistema de clientelismo político.
Durante una audiencia relacionada con el caso y que involucra a Rosa Margarita Ibáñez, la cuarta persona detenida en conexión con estos eventos, la auxiliar Julieta Mole, siguiendo las instrucciones de López Bustos, presentó una teoría basada en un testimonio clave obtenido por personal de la ex Brigada de Investigaciones. Según este testimonio, Marcos Soria, yerno de Ibáñez, utilizaba una camioneta Renault Oroch de color bordó para transportar mercadería que creía que provenía del Ministerio de Desarrollo Social. Este testimonio condujo a un allanamiento donde se encontraron productos como yerba, fideos, lentejas y harinas que habían sido entregados por el Estado, consigno el diario a Gaceta.
En la misma audiencia, Mole reveló que la fiscalía de Delitos Complejos, que López Bustos está subrogando, solicitó la detención de Marcos Soria, quien se entregó en la sede de la ex Brigada. Tanto el concejal Emiliano Vargas Aignasse como funcionarios de Desarrollo Social confirmaron que Soria era responsable de retirar la mercadería en nombre de la cooperativa de trabajo «Caminemos juntos de la mano», perteneciente a la empresa Hacha de Piedra. Sin embargo, aún no se ha revelado la cantidad ni la razón por la cual Soria realizaba esta tarea si la agrupación estaba registrada a nombre de otras personas.
Hacha de Piedra es una empresa logística vinculada a la familia Ortega, con conocidos lazos con Regino Amado, ministro de Gobierno.
La incógnita ahora es la postura que adoptará Soria. Vargas Aignasse advirtió que lo denunciaría ante la Justicia si se confirma que se apropiaba de la mercadería destinada a otros fines. «En la jerga policial eso se llama soltarle la mano. Hay que ver cuál será su reacción», señaló el concejal.
En el marco de la causa, también se menciona a Lucas Orillo, un policía de Distrito Urbano que se presentó en Tribunales. Negó tener participación en la venta de mercadería, pero admitió que su prima podría estar involucrada, indicando lugares donde podrían estar ocultos los productos.
Se llevaron a cabo seis allanamientos, incluido uno en un galpón donde se sospechaba que se almacenaba gran cantidad de mercadería. Aunque no se encontraron alimentos, se descubrieron evidencias de que allí se acumulaban los víveres y que fueron retirados en los últimos días. También se encontró documentación que podría revelar quiénes eran los beneficiarios de los productos buscados.
Además, se allanó el domicilio de una mujer sospechosa vinculada a un legislador del oficialismo, confiscándole un celular.
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, denunció el caso hace casi dos semanas, y desde entonces se realizaron una treintena de allanamientos, se secuestraron mercaderías y se procesó a cuatro personas, tres de las cuales están bajo prisión preventiva.
Aunque la investigación se centra en los eventos posteriores al 29 de octubre, fecha del cambio de gobierno en la provincia, se sugiere que las irregularidades podrían haber ocurrido antes de esa fecha. Se menciona una doble entrega de mercadería en octubre, días antes de las elecciones presidenciales, fortaleciendo la sospecha de que la mercadería pudo haber sido destinada al armado de bolsones entregados a cambio de votos.
Aún no está claro si esta maniobra fue orquestada por dirigentes sociales o si también involucró a líderes políticos que solicitaban, a través de sus fundaciones, alimentos destinados a personas necesitadas. En el Ministerio de Desarrollo Social, se maneja una lista con los nombres de quienes hicieron estas solicitudes.
Es relevante destacar que el gobierno adquiere mensualmente 600,000 kilos de alimentos no perecederos para armar módulos alimentarios de ocho kilos. Oficialmente se informó que el 20% de esta mercadería (120,000 kilos) no llega a los destinatarios más necesitados, lo que equivale a aproximadamente $120 millones.