Una situación controversial ocurrida en un establecimiento educativo privado de la ciudad de San Miguel de Tucumán generó gran preocupación en diversos niveles institucionales: desde la Secretaría de Educación de la Nación —dependiente del Ministerio de Capital Humano— hasta el propio Gobierno provincial y el Arzobispado local. El hecho involucra a una profesora del colegio parroquial Nuestra Señora de Fátima, quien habría sido grabada por uno de sus estudiantes mientras emitía declaraciones ofensivas y acusaciones de alto voltaje político contra el presidente Javier Milei durante una clase, presuntamente de la asignatura Química.
El audio en cuestión, que actualmente se encuentra bajo análisis para determinar su autenticidad, contiene frases atribuidas a la docente, como: “este presidente está financiado por el narcotráfico” y “igual que Macri”. Estas afirmaciones, difundidas rápidamente a través de redes sociales, despertaron una reacción inmediata desde el Gobierno nacional. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no solo radicó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, sino que también solicitó a las autoridades educativas tucumanas un informe detallado sobre lo sucedido. En declaraciones públicas, Pettovello subrayó que es indispensable proteger a los alumnos de cualquier intento de adoctrinamiento ideológico dentro del ámbito escolar, reiterando el compromiso del Ejecutivo nacional con un sistema educativo basado en el respeto, la pluralidad y el pensamiento crítico.
Por su parte, la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, confirmó que se remitió un informe formal a Nación. Además, aclaró que al tratarse de un colegio parroquial, la responsabilidad institucional también recae sobre el Arzobispado. “El secretario de Educación nacional solicitó información que ya le hemos enviado. Esta es una institución de gestión privada bajo la órbita del Arzobispado, con quien ya me he comunicado”, explicó Montaldo. La funcionaria lamentó públicamente que un educador utilice el aula como espacio para expresar opiniones de esta naturaleza frente a sus estudiantes y remarcó que se impulsarán acciones adecuadas en función de los protocolos vigentes.
Desde el Arzobispado, el arzobispo Carlos Sánchez declaró que el tema se encuentra bajo evaluación por parte del representante legal del colegio, quien trabaja en conjunto con el equipo de conducción del establecimiento y asesores legales. Mientras tanto, el delegado Episcopal para Educación, Daniel Nacusse, reconoció que se trata de un caso sensible y señaló que se está definiendo la figura de un vocero institucional que será el encargado de brindar información oficial sobre el avance del caso.
Frente a la creciente repercusión pública del audio viralizado, las autoridades del colegio Nuestra Señora de Fátima difundieron un comunicado institucional. En el escrito expresaron que, en caso de verificarse la veracidad del material y de confirmarse que fue producido por una integrante del cuerpo docente, se adoptarán las medidas necesarias con seriedad y respeto. «Desde el momento en que tomamos conocimiento de esta situación, hemos comenzado un proceso interno para esclarecer lo ocurrido, guiados por la prudencia, el respeto a los derechos de todos los actores involucrados y el cumplimiento de nuestra responsabilidad institucional», señala el comunicado.
Además, la institución religiosa se desligó completamente de los contenidos expresados en el audio y reafirmó los principios que rigen su actividad pedagógica. “Rechazamos categóricamente las expresiones que se escuchan en el audio, sin importar quién las haya dicho. Si se comprueba que fueron realizadas por una docente de nuestra escuela, aclaramos que esas ideas no reflejan ni el ideario ni la misión de nuestra institución parroquial, que se basa en los valores del Evangelio, el respeto mutuo, la dignidad humana y el pluralismo, dentro de un marco de convivencia democrática”, afirmaron.
Cabe recordar que la Ley de Educación Nacional (Ley N° 26.206), que regula el sistema educativo argentino, prohíbe explícitamente toda forma de adoctrinamiento, propaganda política o manipulación ideológica en el aula. El marco legal vigente establece que la tarea docente debe promover el pensamiento crítico, garantizar el acceso a una educación pluralista y respetuosa de la diversidad, y asegurar el derecho de los alumnos a construir sus propias opiniones.
Desde la Secretaría de Educación de la Nación, finalmente, indicaron que el proceso de investigación sigue su curso y que, una vez finalizado, se analizará la posibilidad de imponer sanciones administrativas o incluso judiciales si se demuestra que hubo responsabilidad por parte de la profesora implicada en este episodio.
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