El Colegio de Abogados de Tucumán emitió un comunicado en el que expresó su fuerte desacuerdo con las leyes recientemente aprobadas por la Legislatura de Tucumán, que modifican los códigos Procesal Civil y Comercial (CPCyCP) y Procesal Penal (CPPT). En el comunicado, firmado por su presidente, Rodolfo Gilli, el vicepresidente Martín Lucio Terán y todos los vocales, se afirmó que estas leyes tienen un impacto significativo en los derechos de los ciudadanos y generan inseguridad jurídica. Se destacó que los principales actores del sistema legal no participaron en la creación, opinión y revisión de estas leyes.
El Colegio de Abogados expresó su descontento con el proceso seguido por la Legislatura para la creación y aprobación de estas leyes, señalando que fueron presentadas y aprobadas en un corto período de tiempo, sin permitir un período de consulta adecuado con las partes interesadas, como el propio Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados del Sur, la Asociación de Magistrados de la provincia y la Academia a través de las autoridades de las Universidades de Tucumán. Se consideró que el plazo dado para discutir estas importantes reformas fue insuficiente.
Dos aspectos de las leyes que generaron controversia fueron la eliminación de los juzgados de primera instancia del fuero contencioso administrativo, que aún estaban vacantes pero habían sido concursados, y la creación de una sobretasa para los estudios genéticos relacionados con la filiación en los laboratorios de la Justicia provincial. El legislador Raúl Ferrazano argumentó que estas medidas surgieron del diálogo interinstitucional y que la existencia de los juzgados contencioso administrativos no era necesaria en la práctica, ya que nunca habían sido puestos en funcionamiento.
El Colegio de Abogados expresó su preocupación por el impacto negativo de estas reformas en la profesión legal y consideró que las leyes carecen de beneficios significativos para los ciudadanos. Se destacó la importancia de realizar cambios estructurales en el sistema legal para adaptarlo a los tiempos actuales, pero se enfatizó que estos cambios no deben violar principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional y otras normativas vigentes. Se mencionó la posibilidad de que estos cambios sean llevados a los tribunales a través de acciones judiciales.