El Concejo busca controlar los precios de las aplicaciones de transporte en San Miguel de Tucumán

La Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán ya definió el enfoque regulatorio que aplicará sobre las plataformas electrónicas de transporte. El avance del proyecto se encuentra actualmente a la espera de una reunión entre autoridades provinciales y municipales, la cual permitiría afianzar consensos y facilitar la emisión del dictamen propuesto. Este borrador incluye medidas clave como el establecimiento de límites a las tarifas cobradas a los usuarios —habitualmente variables según la demanda—, así como la determinación de un cupo máximo de vehículos particulares habilitados en función de la población de la capital tucumana. Aunque el Concejo tiene prevista una sesión para este jueves, el tema relacionado con apps como Uber, Didi y Cabify no figura aún en la agenda.

El grupo de trabajo presidido por el concejal José María Franco, perteneciente al bloque Peronismo de la Capital, tomó la decisión de avanzar con la reforma de la ordenanza N° 3.713, conocida como Sutrappa, y ya elevó un proyecto al presidente del cuerpo legislativo, Fernando Juri. Este último avaló la propuesta, aunque insistió en la importancia de coordinar previamente con el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla. “Si logramos concretar esa reunión en los próximos días, estamos dispuestos a convocar a una nueva sesión dentro de los 15 días siguientes para aprobar rápidamente un dictamen”, declaró el edil.

El contenido del borrador, al que accedió el diario La Gaceta, se divide en dos partes: una dirigida al sector de taxis bajo el régimen Sutrappa, y otra orientada a regular las llamadas Empresas de Redes de Transporte (ERT), que incluyen las aplicaciones móviles. En el caso de estas últimas, el proyecto contempla su legalización siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, como registrarse en la Dirección de Ingresos Municipales, limitar el tiempo continuo de trabajo de cada chofer a ocho horas, y asegurar que sus vehículos reúnan condiciones adecuadas de seguridad, higiene y funcionamiento.

Otro punto destacado es que el permiso para operar deberá ser tramitado exclusivamente por el dueño del vehículo, quien podrá autorizar a otra persona como conductor. Además, se establecerá una restricción que impide acumular más de una autorización por individuo.

En lo que respecta al valor de los viajes, el proyecto fija márgenes claros: las tarifas ofrecidas por las plataformas deberán mantenerse entre un 15% por debajo y un 30% por encima del costo fijado para el sistema Sutrappa. Dado que este tipo de servicios suele ajustar sus precios según la demanda, esta disposición busca limitar tales fluctuaciones. Por ejemplo, un trayecto de 2,5 kilómetros, que actualmente cuesta $2.000, tendría un valor mínimo de $1.700 y no podría superar los $2.600. En un viaje de cinco kilómetros, cuyo precio base es $3.600, los ajustes permitidos se ubicarían entre $3.100 y $4.700. Finalmente, para un recorrido de diez kilómetros, cuyo costo ronda los $6.500, el valor podría oscilar entre $5.300 y $8.200.

El proyecto también establece una fórmula para otorgar habilitaciones: habrá un permiso por cada 167 residentes de San Miguel de Tucumán, lo que se traduce en 3.585 vehículos autorizados considerando la población censada de aproximadamente 600.000 habitantes. Además, se estipula que los autos no podrán tener más de ocho años de antigüedad y deberán cumplir con todas las exigencias vigentes para circular —como seguro, licencia, y verificación técnica— de acuerdo con las normas nacionales.

Entre otras disposiciones, el texto excluye la posibilidad de ofrecer el servicio de “viaje compartido”, donde varios usuarios dividen un mismo trayecto para abaratar costos. También prevé que todos los vehículos adheridos deberán exhibir un código QR en el parabrisas, lo que permitiría su identificación. Quienes no cumplan con estas normativas se verán sujetos a sanciones.

Respecto al servicio de taxis tradicionales, el proyecto contempla diversas modalidades de operación: en forma independiente, mediante agencias, a través de plataformas electrónicas o vinculados a las ERT. En todos los casos, se aplicarán las mismas reglas tarifarias que para las apps, y los vehículos deberán someterse a inspecciones periódicas tanto administrativas como técnicas, a cargo del Ejecutivo municipal.

Para los taxistas, el texto plantea una proporción de una licencia cada 117 habitantes, lo que implica un total de 5.118 habilitaciones. También se prevé la creación de 20 licencias especiales destinadas a ofrecer transporte a personas con movilidad reducida. Además, los choferes que utilicen plataformas digitales deberán contar con una habilitación específica; de lo contrario, serán sancionados con multas.

El documento fija un plazo de 30 días a partir de su promulgación para que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) elabore la reglamentación correspondiente. Esto incluye la actualización del registro de licencias en conformidad con las nuevas pautas y la convocatoria a inscripción de interesados en obtener permisos tanto para taxis como para servicios privados. Una vez completado ese proceso, el Ejecutivo deberá enviar al Concejo un informe detallado con los resultados.

Finalmente, y en línea con declaraciones previas de los concejales, el proyecto no aborda aún la regulación del transporte en motocicletas. “Primero queremos resolver el sistema de transporte en automóviles, y luego abocarnos al tema de las mototaxis, que es más complejo porque no contamos con una legislación base como en el caso del Sutrappa. Además, existen leyes provinciales que impiden el transporte de personas a cambio de dinero en motos. Cuando finalicemos esta etapa, dentro de unos siete o diez días, nos enfocaremos en ese tema”, concluyó Franco.