La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, presentó una denuncia penal por usurpación contra Juan Pablo Castro, el responsable del “Loteo Gaucho Castro”, relacionado con la venta ilegal de terrenos en la Reserva La Angostura, propiedad de la Provincia. De manera simultánea, un video comprometedor comenzó a circular, en el que Jorge Cruz, delegado comunal de El Mollar, intentaba tranquilizar a los compradores de tierras, asegurando que la Secretaría de Municipios y Comunas había autorizado la venta de los terrenos. Sin embargo, se descubrió que esa información era incorrecta, ya que la Secretaría solo había aprobado un anteproyecto, no la venta final de los terrenos.
El gobernador Osvaldo Jaldo expresó que si algún funcionario estuviera involucrado, debería responder ante la Justicia, aclarando que no permitirían que se realizaran maniobras ilegales. “Pedí que se hiciera una denuncia contra el responsable de este proyecto porque lucró con tierras fiscales”, afirmó. Según investigaciones, desde 2020, Castro había comenzado a vender terrenos que pertenecían a la reserva, supuestamente otorgados para el pastoreo de animales. La Provincia, mediante un planteo judicial, consiguió una medida cautelar que suspendió la venta y las construcciones en esos terrenos.
Los compradores presentaron documentos que acreditaban que habían adquirido los terrenos de buena fe, lo que permitió a los abogados de la Fiscalía de Estado determinar que el proyecto había pasado por diversas dependencias del Estado, pero ninguna lo había autorizado oficialmente. Sin embargo, en la investigación surgió que la Secretaría de Municipios y Comunas solo había aprobado un anteproyecto, lo que no era suficiente para autorizar la venta de los terrenos. “Ese documento solo es un paso administrativo más, no la finalización del trámite que actualmente no existe”, explicó Pedicone.
Este hallazgo aceleró la denuncia penal, que se había previsto iniciar tras la feria judicial, pero Jaldo ordenó que fuera presentada de inmediato. En el video en el que Cruz explicaba a los compradores que el proyecto había sido aprobado, usó un plano de la Secretaría de Municipios y Comunas para respaldar su afirmación, lo cual luego fue desmentido. Cruz también indicó que la Secretaría había aprobado el proyecto y que todo el proceso había sido normal. Sin embargo, este dato fue corregido por las autoridades.
Algunos compradores indicaron que la comuna les había confirmado que el loteo era legal, y además señalaron que Cruz había adquirido dos propiedades, las cuales podría haber vendido en el futuro. Se confirmó que Cruz firmó una nota en agosto de 2023 en la que se otorgaba la factibilidad del servicio de agua potable para el loteo, aunque este trámite debía haberse realizado mucho antes, ya que el proceso de autorización de un proyecto inmobiliario requiere cumplir con una serie de requisitos previos.
La investigación también incluyó a Fernando Chaler, titular de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, quien firmó documentos que permitían que Castro gestionara la escrituración de las tierras. También se descubrió que Castro obtuvo en enero de 2023 una boleta de pago del impuesto inmobiliario, a pesar de no tener la escritura de los terrenos, lo que generó más dudas sobre la legalidad de las operaciones.
La Fiscalía de Estado, con la instrucción de Jaldo, continuará investigando el caso, buscando posibles responsabilidades de más personas, incluidas otras autoridades y empleados del Estado. Pedicone señaló que los compradores no pueden demostrar la titularidad de los terrenos con los documentos presentados, por lo que no se puede probar que sean los propietarios legítimos.
El Estado aún no ha decidido qué hacer con los compradores, pero no se descarta la posibilidad de que sean desalojados si se confirma que los terrenos fueron vendidos ilegalmente. En el contexto de este caso, las autoridades comenzaron a tomar medidas como la suspensión de los servicios en los terrenos y la prohibición de realizar trámites de escrituración.
La denuncia penal fue presentada contra Castro, aunque también se investigan las responsabilidades de otros funcionarios, como Cruz y Chaler, que pudieron haber tenido participación en el proceso.