Durante la noche del martes se registró un episodio de extrema violencia en pleno centro de San Miguel de Tucumán, dentro de un reconocido local gastronómico. El hecho tuvo como protagonista al propio dueño del establecimiento, quien, de acuerdo con lo relatado por testigos presenciales, atacó de manera feroz a uno de sus empleados, ocasionándole una lesión grave en el ojo. Tras la agresión, el empresario huyó rápidamente de la escena.
El responsable de este ataque habría sido identificado como Franco Argañaraz, un empresario con trayectoria en el sector gastronómico de la provincia, relacionado con negocios como Eko Market y con la cadena de cafeterías Pany.
Horas después, la víctima decidió dar su versión de los acontecimientos y brindar detalles sobre lo sucedido. Se trata de Ángel Barraza, quien comenzó su testimonio presentándose:
“Soy Ángel Barraza, el chico que trabaja en panadería Pany, en San Miguel y Corrientes”, expresó.
El trabajador explicó que todo se desencadenó luego de una inspección:
“El día anterior había venido la Secretaría de Trabajo, ingresaron al local y me pidieron mis datos, los cuales entregué sin problemas. Al parecer, las mozas le informaron de esto al dueño”, señaló.
Barraza relató con crudeza cómo fue el momento de la agresión:
“Yo estaba de espaldas. Él se me acercó y me dio dos trompadas que me dejaron descompuesto. Luego me sacó del local y me tiró en la calle como si fuera un perro”, recordó.
El joven trabajador, todavía afectado por lo ocurrido, manifestó un pedido claro:
“Lo único que quiero es que se haga justicia”, reclamó.
Por su parte, compañeros de trabajo respaldaron a la víctima y denunciaron que la violencia no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón de abusos. Según ellos, Argañaraz ejerce constantes maltratos, somete a sus empleados a condiciones de explotación laboral, mantiene a muchos en situación irregular con pagos en negro e incluso los obliga a trabajar en condiciones que calificaron como cercanas a la esclavitud. Además, afirmaron que el empresario contaría con protección, ya que habría sobornado a funcionarios de la Secretaría de Trabajo para evitar sanciones o inspecciones más rigurosas.