Después de estar prófugo de la justicia y con un pedido de detención en su contra, Marcos Soria, empleado del Concejo Deliberante acusado por la venta ilegal de mercadería en Tucumán, se entregó este mediodía en la ex Brigada de Investigaciones. Según consigna el diario La Gaceta, los primeros indicios apuntan a que Soria trabajaba para el concejal Emiliano Vargas Aignasse.
La presencia de Soria en la investigación del Ministerio Público Fiscal emergió durante el proceso. A su vez, Rosa Margarita Ibáñez, la última persona detenida en relación con este caso, fue liberada según una decisión judicial.
Ibáñez, de 61 años, había sido arrestada el sábado en su residencia en Villa 9 de Julio, donde se incautaron productos alimenticios destinados a donaciones del Ministerio de Desarrollo Social a personas necesitadas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, comunas rurales y municipios.
La auxiliar Julieta Mole, siguiendo las directrices del fiscal Ignacio López Bustos, la acusó de encubrimiento, alegando que conocía la procedencia ilegal de la mercadería. También solicitó una prisión preventiva de 30 días, argumentando que podía obstruir la investigación. Finalmente, Ibáñez fue liberada después de proporcionar el nombre del empleado del Concejo capitalino.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Ibáñez aprovechó la relación que su yerno mantenía para obtener la mercadería destinada a donaciones.
La defensora Agustina Recalde presentó una solicitud para declarar ilegítima la detención y el acta de allanamiento, alegando violación de garantías constitucionales. También rechazó la imposición de prisión preventiva, argumentando que la acusación estaba relacionada con un delito de cumplimiento condicional.
La jueza Isabel Méndez desestimó la objeción de la fiscalía y ordenó la liberación de Ibáñez, aunque seguirá vinculada al proceso.