El empresario Zamora supuestamente intentó encubrir el robo de agua

La audiencia resultó tan prolongada como controvertida. En este debate, que se extendió por más de tres horas, se acusó al productor Juan Zamora de haberse apoderado de agua para irrigar sus campos, una acusación sin precedentes en la historia judicial provincial. A Zamora se le otorgó un plazo de 10 días para regresar de Europa y presentarse ante las autoridades, y deberá abonar una fianza de $100 millones para continuar el proceso en libertad, una cifra que marca un hito desde la implementación del actual código procesal penal en la provincia.

El auxiliar Rodrigo Bilbao, bajo las directrices de la fiscala María del Carmen Reuter, formuló la acusación contra Zamora, alegando que había empleado mano de obra especializada para sustraer agua del río Las Cañas. Esta agua se destinaba a una cisterna en Lomas de Imbaud, que a su vez alimentaba una laguna ubicada en una propiedad a su nombre. Durante la audiencia, Bilbao reveló detalles hasta entonces desconocidos, incluyendo maniobras que podrían haber sido realizadas para evadir la imputación.

Por ejemplo, mencionó que dos empleados de la empresa del acusado declararon que la represa se abastecía de dos pozos situados en la misma propiedad. Sin embargo, el lunes se llevó a cabo una inspección clave para refutar esa afirmación. “Ingenieros de la Policía, junto con personal de la SAT y del ECIF, fueron a verificar los pozos. El informe fue concluyente: no existía forma de extraer agua desde allí, ya que ni siquiera contaban con una bomba”, afirmó Bilbao.

La querellante Valeria Abdo aportó información adicional, afirmando: “Desde el primer día he estado en el lugar de la represa, y ayer (el lunes), durante la pericia, descubrimos que habían instalado mangueras que conectaban los pozos con la represa. Esa fue una burda maniobra para engañarnos”.

Bilbao también mencionó que una ejecutiva de la empresa confirmó que el terreno donde se construyó la represa pertenecía a Zamora y no a la empresa familiar. Sin embargo, otros trabajadores afirmaron que el terreno era propiedad de la firma dedicada a la exportación de limones orgánicos y la producción de limas y paltas.

Al proporcionar más detalles, Bilbao dejó claro que el Ministerio Público procederá con firmeza. Solicitará que Zamora sea acusado de robo agravado y usurpación de agua, basando su solicitud en dos puntos: el uso de la violencia para sustraer el líquido y el daño causado a terceros, ya que complicó el suministro de agua a un sector importante de Yerba Buena.

Abdo y Walter Ojeda, quienes actúan como querellantes en representación de la empresa, respaldaron la postura de Bilbao y enfatizaron el daño causado por el acusado.

La defensa

Zamora, que se encontraba en Roma al momento de la audiencia, explicó que había salido de España por motivos laborales. “Me gustaría solicitar algunas aclaraciones”, manifestó, y el juez Federico Moeykens le recordó de manera severa que no podía interrogar a las partes. A continuación, se guardó silencio.

Los defensores Camilo Atim, Juan Pablo Di Llela y Pablo Campero Romano se opusieron a los cargos, argumentando que el agua es un bien inmueble, lo que justificaría una acusación de usurpación. “El Ministerio Público está perdiendo objetividad y busca imputar un delito inexistente a nuestro asistido”, argumentó Atim, dando inicio a una discusión legal.

Sin embargo, Moeykens decidió acusar a Zamora de robo simple, argumentando que su acción generó problemas a los vecinos de Yerba Buena. Aunque esta acusación no es la más severa, conlleva penas de entre un mes y seis años de prisión, en contraste con los más de dos años que podría haber enfrentado por usurpación.

Otra polémica

En medio de un intenso debate legal, el juez subrayó la gravedad del asunto, afirmando: “El agua es un derecho humano, esencial para la vida diaria y el entorno de las personas. Se estima que más de 7,000 usuarios y sus familias se vieron privados de este recurso vital para el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica”.

Moeykens también indicó que la magnitud de las acusaciones contra Zamora requería su pronta presencia en la provincia para el correcto avance de la investigación que lleva a cabo la Unidad Fiscal. A raíz de esto, ordenó que Zamora se presente ante las autoridades el 11 de este mes, dado que había reconocido que regresaría el 21 debido a compromisos laborales.

Adicionalmente, el juez prohibió su salida del país sin autorización judicial, aunque rechazó la solicitud de los defensores de retener su pasaporte como medida de garantía. Asimismo, no cuestionó el monto de $100 millones que Zamora deberá presentar como fianza, permitiéndole depositar esa cantidad en efectivo o presentar bienes de valor equivalente.

La postura del acusador: sin una solución alternativa

La estrategia de la fiscala Reuter se hizo evidente en la audiencia. El auxiliar Bilbao dejó claro que el caso no cerrará con una solución alternativa, sino que se espera que termine con una condena, incluyendo un posible juicio abreviado.

A lo largo de la audiencia, el representante del Ministerio Público planteó la posibilidad de que Zamora enfrentara cargos por delitos más graves, pero finalmente se conformó con una acusación intermedia que implicaría una pena de cumplimiento efectivo. “El agua es un recurso escaso, finito y esencial para la vida y el desarrollo. Es un recurso cíclicamente renovable y vulnerable, y debemos garantizar su uso racional y equitativo para el beneficio de las generaciones actuales y futuras”, enfatizó.

Los planteos de la querella: en defensa de los usuarios

Ojeda, uno de los querellantes de la Sociedad Aguas del Tucumán, afirmó: “Este hecho es de una gravedad sin precedentes. Para satisfacer intereses personales, se privó del servicio a un gran sector de Yerba Buena”.

Abdo, que también representa a la SAT, agregó: “Está demostrado que el señor Juan Zamora, consciente del daño que causaba, no solo realizó una conexión clandestina, sino que utilizó un sistema para asegurar que el agua llegara a su laguna, impidiendo que se abasteciera la cisterna de Lomas de Imbaud”.

La acusación contra Zamora no solo busca culminar en una pena ejemplar, sino que también podría permitir a las autoridades de la SAT solicitar una compensación económica.

La estrategia de la defensa: ¿propondrán un acuerdo?

A pesar de las dificultades, los defensores Atim, Di Lella y Campero Romano lograron en la audiencia evitar que su cliente fuera acusado de robo agravado, logrando que se le imputara el delito de robo simple. Esta calificación evitó que se dictara una prisión preventiva.

“Atim argumentó que el Ministerio Público debe ser objetivo en sus acusaciones y que no se debe violar los derechos de su defendido por intentar dar un ejemplo. “Él siempre estuvo dispuesto a colaborar con la Justicia, incluso desde el extranjero”, agregó Di Lella.

Los defensores ahora deben evaluar los pasos a seguir. A pesar de que el Ministerio Público ha señalado que el caso terminará con una condena, no se descarta que los defensores propongan un acuerdo económico para evitar el proceso penal.