El fiscal federal Antonio Gustavo Gómez ha solicitado que se revise y resuelva la medida cautelar presentada por el diputado nacional Carlos Cisneros, cuyo objetivo es detener las restricciones impuestas por el PAMI y asegurar que los jubilados mantengan su acceso gratuito a los medicamentos. El legislador, que forma parte del bloque Unión por la Patria (UP), había solicitado a la Justicia Federal que anulase las disposiciones de la obra social de los jubilados hasta que se resuelva el fondo del asunto.
El fiscal federal Antonio Gustavo Gómez.
La controversia comenzó cuando Cisneros apeló la decisión del juez Federal Guillermo Díaz Martínez, quien había decidido remitir el amparo a Mendoza, argumentando que allí se estaba tratando un caso similar. En su intervención, el fiscal Gómez subrayó que el juzgado de Tucumán fue el primero en abordar la cuestión, y, siguiendo el principio de prelación temporal, debería ser este tribunal el competente para llevar adelante el caso. En consecuencia, Gómez pidió que se revocara la decisión del juez de primera instancia, se reconociera la competencia del juzgado tucumano y se ordenara la inscripción del caso en el Registro de Procesos Colectivos.
El fiscal también hizo hincapié en la urgencia del asunto, advirtiendo que el derecho a la salud de los adultos mayores estaba en riesgo. Para respaldar su solicitud, citó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que considera relevante en este contexto.
Ahora, será la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán la encargada de resolver sobre la competencia del caso y de determinar si corresponde o no la medida cautelar solicitada por Cisneros.
El diputado Cisneros presentó el recurso en su calidad de secretario de Administración de la Asociación Bancaria Nacional, entidad que representa los intereses de las personas afectadas por la medida del PAMI. Además, lo hizo en su rol de miembro de la comisión directiva de la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario (Redecu). Junto a él, firman la solicitud la titular local de la Bancaria, Cecilia Sánchez Blas, y la abogada Patricia Neme. A través de este planteo, Cisneros solicitó a la Justicia que se ordene al PAMI garantizar a las personas afectadas (aquellos que perciban jubilaciones superiores a los $390.000) el acceso adecuado a los medicamentos prescriptos y la cobertura de los mismos, conforme a las normativas vigentes y de manera oportuna y sencilla.