La controversia en torno al pedido del fiscal Guillermo Marijuán de dar de baja a cerca de 160,000 beneficiarios del plan «Potenciar Trabajo» que realizaron viajes de lujo al extranjero desde 2020 continúa. Después de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmara que no tuvo acceso a la denuncia, el fiscal salió a responder a estas declaraciones.

Marijuán, quien es el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), envió un oficio a Tolosa Paz en el que detalló minuciosamente el proceso de investigación que llevó a la identificación de los 159,919 beneficiarios que viajaron al extranjero y la contradijo.

El fiscal destacó que proporcionaba estas bases de datos a la ministra para evitar cualquier acusación de falta de notificación, ya que, según explicó, los datos estaban en poder de la ministra desde el principio, ya que provienen del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS).

Comunicado del fiscal Marij… by Todo Noticias

Marijuán explicó que la denuncia penal se basó en el entrecruzamiento de datos entre el padrón de personas con planes «Potenciar Trabajo» vigentes proporcionado por el Ministerio de Desarrollo Social y los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. La investigación reveló que 29,076 movimientos migratorios de beneficiarios del plan «Potenciar Trabajo» se llevaron a cabo a través de diversas aerolíneas, lo que sugiere una capacidad económica que contradice el propósito del plan social.

El fiscal también destacó que, además de los movimientos aéreos, algunos beneficiarios no residían en Argentina, lo que era evidente a través de los registros de las empresas aéreas y otros medios de transporte utilizados. Además, se detectó que una cantidad significativa de titulares del plan «Potenciar Trabajo» salió del país hacia naciones limítrofes durante la vigencia del plan. El énfasis se puso en aquellos que permanecieron en el extranjero durante más de treinta días, lo que sugiere una intención de recibir el plan sin vivir en territorio argentino.

En este contexto, Marijuán sugirió a la ministra que, además de tomar medidas inmediatas en este caso, se refuercen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios, ya que esta situación genera un gran perjuicio económico al Estado y podría seguir haciéndolo en los meses futuros con pagos indebidos del plan debido a la falta de control que se ha detectado previamente. La investigación se llevó a cabo en base a los datos disponibles y a los movimientos migratorios registrados, y Marijuán detalló la información que le proporcionaron las autoridades pertinentes y las pruebas que respaldan su denuncia.

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