Durante esta semana, la Dirección Provincial del Agua (DPA) llevó a cabo una serie de operativos de desalojo en las márgenes del río El Blanquito, en Tafí del Valle. Estas acciones forman parte de una política impulsada por el Gobierno de Tucumán con el propósito de recuperar terrenos fiscales que han sido ocupados de forma irregular. Las intervenciones se realizaron bajo la figura legal conocida como “autotutela administrativa”, un mecanismo que permite al Estado retomar la posesión de bienes públicos sin necesidad de iniciar procesos judiciales.
Se trata del segundo procedimiento de estas características que se realiza en un lapso menor a diez días. El anterior se había concretado en el loteo denominado “Los Guayacanes”, donde se logró detener lo que aparentaba ser el inicio de un emprendimiento inmobiliario dentro de un área protegida del perilago. Esta iniciativa recibió el apoyo de distintos sectores de la comunidad local, incluyendo a vecinos y referentes que, desde hace tiempo, vienen denunciando el avance de construcciones ilegales en uno de los principales destinos turísticos de Tucumán.
Entre quienes manifestaron su conformidad con las medidas se encuentra el ingeniero Osvaldo Merlini, que ha dedicado años a señalar este tipo de irregularidades. “Para quienes queremos a Tafí del Valle, esta noticia es alentadora. Esperamos que sea solo el inicio de un proceso más amplio”, expresó. Por su parte, María del Carmen Ramírez, una visitante frecuente del lugar, celebró que finalmente haya una respuesta estatal: “Llevamos años escuchando reclamos sin solución. Ojalá ahora sí se avance en serio”.
El director de la DPA, Marcelo Cancellieri, explicó que el operativo tiene origen en una denuncia presentada en 2023, a partir de la detección de una edificación en la zona conocida como La Quebradita, muy cerca del cauce del río. Tras una inspección, se determinó que se trataba de una construcción erigida sobre tierras fiscales y, además, en un área con riesgo de inundaciones. En febrero de 2024, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto que autorizó a la DPA a intervenir directamente, incluso con apoyo policial si fuera necesario.
En el momento de la inspección final, se descubrieron nuevas situaciones irregulares: alambrados colocados para delimitar terrenos sin autorización, ampliaciones no declaradas en viviendas ya existentes y hasta una casilla instalada por orden de una administración municipal anterior, todo esto sobre terrenos públicos no habilitados. Las personas involucradas fueron notificadas oficialmente el 9 de abril, y se les otorgó un plazo de diez días para abandonar el lugar por sus propios medios. Debido al feriado de Semana Santa, ese tiempo podría extenderse levemente.
Varios habitantes de la zona advirtieron sobre los riesgos asociados a la ocupación de esos terrenos. “El Blanquito puede parecer un arroyo tranquilo, pero cuando se desborda, su fuerza es destructiva. Si no se actúa ahora, después será el Estado el que tenga que hacerse cargo de las tragedias”, alertó un residente. Otro vecino, Ernesto Camandona, valoró el giro en la actitud de las autoridades: “Mucha gente que denunció estos casos fue ignorada o castigada. Esta nueva línea de acción podría ser un cambio real”.
Por otro lado, Juan Pablo Occhipinti, abogado de la DPA, indicó que ya se está organizando una segunda fase del plan para recuperar terrenos fiscales. Aunque prefirió no dar demasiados detalles, se conoció que el organismo estaría investigando situaciones similares en San Pedro de Colalao, otra localidad turística donde se han registrado presuntas ventas ilegales de tierras públicas.
A pesar de que las miradas siguen puestas en Tafí del Valle, especialmente en sectores como el Barrio Crataegus —donde se han levantado viviendas y comercios en áreas públicas y de alto riesgo hídrico—, las autoridades insisten en que el objetivo no solo es conservar los bienes del Estado, sino también proteger a las personas que, muchas veces sin saberlo, se asientan en zonas propensas a inundaciones o derrumbes.
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