En el contexto de la negociación salarial correspondiente a los trabajadores del Estado, el Gobierno nacional presentó una nueva propuesta que contempla una suba escalonada del 7,5% distribuida a lo largo de seis meses, junto con el pago de bonos fijos mensuales no remunerativos: tres cuotas de $25.000 en los primeros meses y otras tres de $20.000 en el siguiente trimestre.
Frente a esta oferta, las posturas gremiales se dividieron. Por un lado, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, aceptó el ofrecimiento del Ejecutivo. En contraste, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por Rodolfo Aguiar, expresó un rechazo contundente.
Aguiar calificó la propuesta como “totalmente insuficiente y miserable”, y sostuvo que resulta inaceptable tras varios meses de inactividad en materia de actualización salarial. “Este acuerdo es una sentencia directa a la indigencia para gran parte de los empleados públicos, y empuja a la pobreza al conjunto del sector”, denunció el dirigente sindical. Además, anticipó un escenario de conflictividad creciente: “El Gobierno eligió el camino del enfrentamiento. Esto va a generar una escalada del conflicto en todas las dependencias estatales”, señaló. Según trascendió, desde ATE se estaría evaluando implementar un nuevo plan de lucha en los próximos días.
La propuesta oficial contempla un incremento acumulativo dividido en seis meses consecutivos:
A estos aumentos se suman bonos extraordinarios, no incorporables al salario: durante los meses de junio, julio y agosto se abonarán $25.000 mensuales, y en septiembre, octubre y noviembre, $20.000 mensuales.
Desde ATE, se remarcó que esta nueva oferta no contempla ninguna recuperación del poder adquisitivo perdido en meses anteriores. De hecho, el gremio recordó que en la última paritaria –correspondiente al período junio de 2024 a mayo de 2025– los salarios de los estatales se incrementaron solo un 20,8%, mientras que la inflación acumulada en ese mismo lapso fue del 43,5%, lo que representa una pérdida del 22,7% frente al costo de vida.
En este sentido, Aguiar consideró que los bonos ofrecidos “no representan una verdadera mejora salarial”, ya que no se incorporan al haber básico y pueden ser eliminados sin previo aviso. “Son una forma de chantaje económico”, advirtió.
Finalmente, desde el gremio también se cuestionó que el Gobierno haya decidido presentar la oferta en términos semestrales y no mensuales, lo cual, según sus dirigentes, “evidencia que tras las elecciones de octubre podría haber una nueva devaluación que profundizaría aún más la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos”.
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