El Gobierno solicitó al FMI un «waiver» por no cumplir la meta de reservas

Una comitiva oficial del Gobierno argentino, encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el viceministro de Economía, José Luis Daza, mantuvo esta semana reuniones en Washington con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que formalizaron una solicitud para obtener un waiver, o dispensa, ante el incumplimiento de una de las metas centrales del programa: la acumulación de reservas internacionales.

Este pedido, que aún no ha sido aprobado por el organismo aunque se considera factible, tiene como objetivo permitir el avance de la primera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas por un total de 20.000 millones de dólares, y así destrabar un desembolso de 2.000 millones que el Gobierno espera recibir para reforzar las reservas del Banco Central. No obstante, el tradicional receso de verano del FMI podría postergar la respuesta oficial y la entrega de los fondos hasta septiembre, dilatando los tiempos más allá de lo que el equipo económico deseaba.

Una condición previa indispensable para que el directorio del Fondo considere esta solicitud es alcanzar un Staff Level Agreement (SLA), es decir, un entendimiento técnico que deje constancia del progreso y los compromisos de la parte argentina. Las conversaciones para cerrar este acuerdo, iniciadas en Buenos Aires y continuadas en Washington, han sido calificadas como «productivas», aunque aún persisten diferencias en torno a las metas no cumplidas.

El programa vigente preveía que Argentina debía acumular 4.700 millones de dólares en reservas para el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, esa meta no fue alcanzada. Entre los motivos que explican esta situación figuran el pago de vencimientos de deuda, la decisión oficial de evitar emitir pesos —lo que limita la compra de divisas— y ciertas restricciones autoimpuestas, como la decisión de no intervenir en el mercado cambiario hasta que el dólar tocara el piso de la banda establecida en 1.000 pesos. A estos factores se suma un déficit de cuenta corriente que alcanzó los 5.100 millones de dólares en la primera mitad del año, superando por amplio margen las estimaciones originales del propio FMI, y en un contexto donde la inflación anualizada todavía supera el 100%.

A pesar de este incumplimiento, el organismo multilateral ha destacado otros aspectos positivos del rumbo económico argentino. La vocera del Fondo, Julie Kozack, remarcó en su última conferencia que el Gobierno de Javier Milei ha mostrado avances significativos, particularmente en materia fiscal. De hecho, Argentina logró un superávit primario acumulado de 6,9 billones de pesos hasta mayo, superando con holgura la meta fijada en 6,07 billones. Este resultado fue posible gracias a un ajuste agresivo que incluyó reducción de subsidios, poda de programas sociales y recortes generalizados del gasto público.

Otro punto favorable en las negociaciones fue la colocación reciente de bonos BONTE por 4.000 millones de dólares, operación que permitió al Tesoro sumar divisas sin recurrir al mercado oficial, lo que contribuye a robustecer la posición frente al Fondo.

En este contexto, el waiver aparece como una herramienta fundamental para sostener el programa sin interrupciones. Las autoridades argentinas aspiran a que el Directorio del FMI se pronuncie antes del receso de verano, que comienza a fines de julio. Sin embargo, el cronograma institucional del organismo sugiere que la decisión podría demorarse hasta agosto o septiembre, lo que retrasaría el esperado giro de fondos.

Durante las conversaciones mantenidas con la misión técnica encabezada por Bikas Joshi, jefe de misión del FMI para Argentina, se destacó la implementación de nuevas medidas como la flexibilización del cepo cambiario y el paso hacia un régimen de flotación administrada, elementos que fueron bien recibidos por los técnicos del organismo. Sin embargo, persisten dudas respecto de la dispensa, ya que el FMI debe equilibrar su voluntad de acompañar el proceso argentino con la necesidad de no desatender las expectativas de sus países miembro, algunos de los cuales han manifestado preocupación por la alta exposición del Fondo al país sudamericano.

No obstante, el historial reciente genera cierto optimismo: en ocasiones anteriores (2022, 2023 y principios de 2024), el FMI ha otorgado dispensas ante incumplimientos cuando se verificaban avances en otros objetivos clave. Voces como las del exfuncionario del Fondo Claudio Loser y el exsecretario de Finanzas Daniel Marx consideran probable que el waiver sea aprobado, aunque advierten que podría ir acompañado de una reformulación de las metas de reservas, adecuándolas al nuevo contexto macroeconómico.

Desde el oficialismo, se interpreta que el entorno internacional también juega a favor. La afinidad política entre Javier Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump podría facilitar el respaldo de Estados Unidos en el Directorio del FMI. No obstante, países como Alemania, Países Bajos y Japón mantienen posturas más cautelosas debido a los riesgos acumulados. Cabe recordar que la deuda actual de Argentina con el FMI asciende a 41.000 millones de dólares desde el crédito stand-by de 2018, más los 20.000 millones del acuerdo vigente.

A estos factores se suma un nuevo frente de incertidumbre: el reciente fallo judicial en Nueva York que obliga a Argentina a entregar el 51% del paquete accionario de YPF a fondos litigantes. Esta sentencia, que podría representar un pasivo de hasta 16.000 millones de dólares, si bien no forma parte directa del diálogo con el FMI, es seguido con atención por el organismo, dada su capacidad de comprometer aún más las debilitadas reservas del país y dificultar el acceso a mercados internacionales.

Desde el punto de vista económico y financiero, el desembolso de los 2.000 millones de dólares es considerado clave por los operadores de mercado, que ven en ese ingreso una forma de apuntalar las arcas del Banco Central y reducir la presión cambiaria. La economía argentina, tras una recesión prolongada durante 2024, proyecta un crecimiento del 5,5% para 2025, según cifras oficiales, estimación que coincide con los pronósticos más recientes del FMI. Sin embargo, el incremento en las importaciones ha agravado el déficit externo, limitando la capacidad de acumulación de reservas.

Los funcionarios Quirno y Daza justifican ese déficit como una consecuencia lógica del proceso de apertura económica, en el que se privilegia el ingreso de insumos y bienes de capital. Además, destacan mecanismos alternativos de captación de divisas, como las operaciones conocidas como «block trade» y las emisiones de instrumentos financieros, que permiten fortalecer las reservas sin tener que recurrir al mercado de cambios.

Sin embargo, no todo es optimismo. Las reformas económicas en curso, que incluyen un severo ajuste del gasto y un marco de liberalización, ya están generando tensiones sociales. Las protestas se multiplican y podrían agravarse si la inflación no cede rápidamente o si los efectos del ajuste se profundizan. En ese contexto, el cumplimiento del programa con el FMI y la obtención de nuevos desembolsos podrían ser determinantes para la estabilidad del Gobierno de cara a los próximos meses.