La iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para modificar el acceso de los colectivos al casco urbano ha desatado una fuerte discusión entre distintos sectores. Mientras algunos empresarios del transporte consideran que la medida resulta discriminatoria, otros creen que ayudaría a mejorar la circulación en la ciudad. En el ámbito político, concejales advierten sobre la necesidad de consultar a la ciudadanía antes de avanzar con la propuesta, y algunos incluso anticipan que su implementación podría generar un «caos mayor».
El proyecto municipal y sus fundamentos
El debate se originó a raíz de una propuesta de la intendenta Rossana Chahla, quien sugirió reorganizar los recorridos del transporte público con el objetivo de reducir la congestión en el centro. La iniciativa plantea que solo las líneas urbanas puedan ingresar al casco céntrico, mientras que los colectivos interurbanos deberían detenerse en las cuatro avenidas principales. A partir de allí, los pasajeros podrían abordar una línea urbana utilizando el mismo boleto. Además, la propuesta contempla la construcción de bicisendas y mejoras en el transporte público como parte de un plan más amplio para desalentar el uso del automóvil particular.
Reacciones de empresarios del transporte
Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), su vicepresidente Jorge Berretta expresó su preocupación por el posible impacto de la medida. Aseguró que la decisión de impedir que los colectivos interurbanos ingresen al centro es arbitraria y atenta contra los derechos de los pasajeros que llegan desde localidades como Yerba Buena, Lastenia, Tafí Viejo y Banda del Río Salí. «No son ciudadanos de segunda. Tienen el mismo derecho de llegar al centro sin restricciones», enfatizó.
Berretta también instó a las autoridades a dialogar antes de avanzar con una decisión de este tipo. «No se trata de desarticular o excluir, sino de buscar soluciones en conjunto», sostuvo. A su vez, señaló que la medida podría generar serias complicaciones, como la dificultad de acceso a hospitales y escuelas para quienes provienen de localidades vecinas. «No podemos pretender que alguien de Lastenia deba bajarse en las avenidas y buscar otro colectivo para llegar a su destino», advirtió.
Críticas desde el ámbito legislativo
El concejal Leandro Argañaraz, representante de la Unión Cívica Radical (UCR), también cuestionó el proyecto, argumentando que podría incentivar aún más el uso de vehículos particulares. «Si los pasajeros deben hacer un transbordo y pagar un segundo pasaje, es probable que opten por viajar en auto o en taxi, lo que agravaría el problema de tránsito en lugar de resolverlo», señaló.
Además, Argañaraz criticó la justificación de la intendenta, quien mencionó que las líneas urbanas se ven perjudicadas porque las interurbanas compiten en sus recorridos. «Lo que se busca con esto es garantizar la rentabilidad de ciertos empresarios del transporte, pero a costa de limitar la libertad de los pasajeros», acusó.
Voces a favor de la medida
En contraste, Miguel Mitre, empresario del sector y propietario de las líneas 8 y 131, expresó su respaldo a la iniciativa. En conversaciones previas con la intendenta, ya había manifestado su convicción de que la reorganización del sistema de transporte es necesaria, aunque afecte a algunas líneas, incluyendo la suya.
Según Mitre, el tránsito en la ciudad es insostenible y la presencia de colectivos interurbanos en el centro contribuye al problema. «No tiene sentido que una línea que va a Tafí Viejo cruce toda la ciudad o que otras pasen de un extremo a otro sin restricciones. Es un esquema desordenado», explicó.
También argumentó que la infraestructura de la ciudad no soporta el peso del tránsito actual. «Las calles son angostas y están en mal estado, las cañerías colapsan y, si seguimos permitiendo que más de 30 líneas interurbanas recorran el centro, el deterioro será cada vez peor», advirtió.
La importancia de un enfoque participativo
En medio de la discusión, el concejal radical José María Canelada evitó tomar una postura tajante, pero insistió en la necesidad de que cualquier reforma en la movilidad urbana sea planificada con la participación de los usuarios. «No podemos implementar cambios que perjudiquen la accesibilidad o aumenten los costos para los pasajeros», subrayó.
Para Canelada, el éxito de una política de tránsito depende de que sea inclusiva y sostenible. «Si realmente queremos ordenar la circulación en la ciudad, hay que diseñar soluciones con la comunidad, asegurando que sean equitativas y viables en el largo plazo», concluyó.
En definitiva, la propuesta de restringir el ingreso de colectivos interurbanos al centro de San Miguel de Tucumán ha generado un amplio debate. Mientras las autoridades municipales defienden la medida como una estrategia para mejorar el tránsito, sectores del transporte y la política advierten sobre sus posibles efectos negativos. La discusión sigue abierta y todo indica que la decisión final no será sencilla ni unánime.