El nuevo titular del Instituto de la Vivienda encontró una situación alarmante: cuotas de mil pesos y barrios sin historial de pago

Ante el freno en la obra pública nacional decretado por el gobierno de Javier Milei, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) de Tucumán ha decidido implementar un plan integral con el objetivo de recuperar fondos propios y así reactivar la edificación de viviendas sociales. Así lo anunció el interventor del organismo, Hugo Cabral, quien advirtió que más del 40% de los adjudicatarios de viviendas presentan niveles de morosidad preocupantes, lo que obliga a tomar decisiones urgentes para revertir esa situación crítica.

Cabral explicó que, desde que asumió la conducción del IPV hace cuatro meses, se han delineado tres grandes líneas de acción destinadas a optimizar los recursos económicos del organismo. En un contexto adverso en el que el financiamiento nacional ha sido drásticamente recortado, Tucumán apuesta a mejorar su recaudación local para sostener los proyectos habitacionales que quedaron detenidos.

Una de las primeras medidas implementadas consiste en registrar nuevas cuentas correspondientes a barrios donde, históricamente, nunca se habían cobrado cuotas. “Nos encontramos con situaciones insólitas: hay conjuntos habitacionales completos que jamás aportaron un solo peso”, afirmó el interventor. En algunos casos, se trata de 10 o 20 cuentas por barrio; en otros, de comunidades enteras. La meta es ampliar la base de contribuyentes y así incrementar los ingresos mensuales del organismo.

La segunda estrategia se orienta a ofrecer alternativas de regularización para aquellos beneficiarios que se encuentran en situación de incumplimiento. Cabral mencionó que, recientemente, firmó 300 resoluciones de rescisión de adjudicaciones, lo que significa que esos adjudicatarios perderían sus viviendas. Sin embargo, aclaró que tendrán la posibilidad de conservarlas si regularizan sus pagos en un plazo determinado. Esta herramienta, explicó, busca generar un efecto inmediato en la disminución de la morosidad.

La tercera línea de trabajo tiene que ver con la actualización del valor de las cuotas. Según señaló el funcionario, actualmente el 60% de los adjudicatarios abona menos de $1.000 por mes, una cifra que consideró simbólica e insuficiente para garantizar la continuidad del sistema. “En algunos casos, el monto de la cuota ni siquiera alcanza el precio de un café en un bar”, ironizó Cabral, al tiempo que informó que se está revisando el marco normativo para ajustar esos valores y así lograr que el esquema sea financieramente viable.

El IPV cuenta actualmente con un padrón de alrededor de 20.000 cuentas activas. No obstante, cerca de la mitad corresponde a pagos mensuales que están por debajo de los $1.000, lo que representa un nivel de ingresos que impide cualquier planificación a largo plazo en materia de construcción de viviendas.

En este contexto, el funcionario hizo hincapié en la necesidad de que los adjudicatarios se comprometan con sus obligaciones contractuales. “Nuestro objetivo es continuar con la edificación de viviendas sociales, pero eso solo será posible si contamos con una recaudación sólida y constante”, sostuvo.

En un escenario nacional marcado por el congelamiento de fondos destinados a obras públicas, la administración tucumana busca sostener el sueño de la casa propia mediante una política de autogestión y responsabilidad compartida. Este enfoque intenta reactivar el ciclo virtuoso entre adjudicación, pago y reinversión, como mecanismo para seguir garantizando el acceso a una vivienda digna para miles de familias tucumanas.