Durante el fin de semana, las redes sociales se hicieron eco de una grave acusación contra un sacerdote de Tucumán, generando gran repercusión pública. La denuncia, que rápidamente se viralizó, fue realizada por la propia víctima, quien señaló directamente a Eduardo Roque López como el responsable de un presunto abuso sexual. Según lo relatado, los hechos fueron formalmente denunciados tanto en el ámbito penal como ante las autoridades eclesiásticas.
Frente a esta situación, el abogado que representa al Arzobispado de Tucumán, Juan Andrés Robles, se pronunció sobre el caso para explicar el procedimiento que adoptó la Iglesia una vez recibida la denuncia. En declaraciones públicas, Robles confirmó que el testimonio de la víctima ya se encuentra en poder del Ministerio Público Fiscal, y al mismo tiempo se está llevando a cabo una investigación interna dentro de la estructura eclesial, conforme a las normas canónicas.
Robles detalló que la presentación ante la Iglesia se realizó de acuerdo al protocolo establecido por el Arzobispado en 2019, un mecanismo institucional creado para tratar este tipo de situaciones. En este contexto, explicó: “Nosotros recibimos la denuncia en el marco del protocolo que estableció el Arzobispado en 2019. La persona se presentó ante la comisión para la protección de personas vulnerables, fue escuchada por una psicóloga y, ese mismo día, informamos el caso a la Justicia”. La comisión a la que hace referencia fue creada por el arzobispo Carlos Sánchez y tiene como objetivo actuar de manera rápida y eficiente ante hechos que involucren posibles situaciones de abuso.
El representante legal también aclaró que, dado que la Iglesia no participa formalmente del proceso penal, no puede acceder a los avances o detalles específicos de la investigación que está a cargo del Ministerio Público. En este sentido, Robles insistió en que el papel de la Iglesia en estos escenarios es claro: informar de inmediato a la autoridad competente y ponerse a disposición. “Nosotros no investigamos, solo informamos a la Fiscalía para que tome intervención”, puntualizó.
En relación al sacerdote denunciado, Robles confirmó que se procedió a aplicarle una suspensión preventiva, lo que implica la inhabilitación para ejercer públicamente su ministerio. De este modo, López no está autorizado a oficiar misas ni a vincularse con las comunidades parroquiales mientras el proceso esté en curso. Según señaló el abogado, esta medida busca evitar cualquier posible perjuicio mientras se esclarecen los hechos.
Además, explicó que dentro de la institución eclesiástica también se puso en marcha un proceso canónico, ajustado al Código de Derecho Canónico. Ambos procesos —el judicial y el eclesiástico— avanzan de forma independiente pero respetando principios comunes. “No puede haber fallos que se contradigan, por eso muchas veces se avanza de manera paralela, cuidando esa coherencia entre ambas jurisdicciones”, sostuvo Robles, destacando la importancia de que no se generen conclusiones divergentes entre los tribunales civiles y los órganos de la Iglesia.
El abogado también puso énfasis en la contención que la Iglesia procura brindar a las personas que presentan denuncias. Según explicó, el acompañamiento comienza con la escucha a cargo de una psicóloga, y luego puede incluir derivaciones a profesionales de la salud mental, con el objetivo de ofrecer apoyo emocional y evitar que la persona vuelva a ser revictimizada. “Nuestra preocupación es evitar la revictimización. Siempre en estos casos se actúa con una psicóloga y se brinda acompañamiento en lo que se pueda”, afirmó.
En el tramo final de sus declaraciones, Robles señaló que si bien estos hechos no se presentan con frecuencia, cuando llegan a conocimiento del Arzobispado se actúa con celeridad y se destinan todos los recursos disponibles para colaborar con la Justicia y brindar respuestas adecuadas. Reafirmó así el compromiso institucional con la transparencia y el respeto hacia las personas afectadas.