Durante su participación en la 70° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, realizó un detallado balance sobre la situación actual y los lineamientos estratégicos adoptados por el Gobierno nacional en materia de infraestructura. El funcionario destacó que la primera medida adoptada por la nueva gestión fue realizar un exhaustivo análisis de las más de 2.300 obras públicas heredadas, muchas de ellas con serias irregularidades administrativas y deudas pendientes.
En ese contexto, Giovine explicó que el propósito principal fue ordenar el panorama heredado y establecer un criterio claro para definir cuáles obras debían contar con intervención estatal y cuáles no. A partir de esta evaluación, se concluyó que una porción significativa de los proyectos de carácter municipal —como cordones cuneta, construcción de plazas o instalaciones menores— no representaban una prioridad dentro del plan nacional de obras. Por lo tanto, se optó por concentrar los recursos en una base de infraestructura más robusta y estratégica, que permita sustentar el desarrollo futuro.
Luego de esta primera etapa de revisión y depuración, se abrió una instancia de diálogo con las administraciones provinciales para elaborar una nueva planificación conjunta de obras. Este proceso culminó con la decisión de transferir 500 proyectos a las jurisdicciones provinciales, cancelar 1.668 que no resultaban prioritarias y continuar con la ejecución directa de solo 183 por parte del Estado nacional. Estas últimas incluyen 115 convenios ya firmados y 68 contratos formalizados.
Del total de esas 183 obras seleccionadas, Giovine informó que 21 provincias firmaron acuerdos para reiniciar 122 de ellas, lo que representa alrededor del 70% del conjunto. Asimismo, mencionó que debieron renegociarse 42 contratos para corregir irregularidades administrativas previas, mientras que en otros 9 casos se requirió una nueva negociación contractual desde cero.
Dentro del conjunto de obras que el gobierno nacional se comprometió a concluir, Giovine subrayó cuatro proyectos emblemáticos de gran impacto regional: el Acueducto Vipos en Tucumán, con un presupuesto de $127.000 millones; el Acueducto Albigasta en Catamarca, con una inversión estimada de $102.000 millones; el Acueducto en Chaco, por $71.000 millones; y la planta de tratamiento de efluentes cloacales en Pinamar, para la cual se presentaron ocho empresas interesadas, con montos licitados que rondan los $23.000 millones.
El funcionario también hizo referencia a los planes habitacionales, que fueron objeto de revisión y rediseño. Los programas Procrear y Casa Propia, anteriormente financiados en su totalidad por el Gobierno Nacional y acompañados por un aporte del beneficiario, fueron modificados en su estructura de financiamiento. Ahora, la gestión nacional delega ese rol en las provincias, que ejecutan las obras con fondos propios, atendiendo tanto a las necesidades particulares de cada jurisdicción como a sus posibilidades de financiamiento.
Gracias a este nuevo enfoque, señaló Giovine, actualmente hay cerca de 10.000 viviendas en construcción bajo un modelo más sostenible. Este esquema permite avanzar en las obras sin necesidad de anticipos o renegociaciones contractuales que encarecen los proyectos y muchas veces impiden su finalización.