Un informe realizado por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura ha revelado las deplorables condiciones edilicias de la comisaría 2ª, destacando el hacinamiento extremo y los problemas de salud que enfrentan los detenidos debido a esta situación.
Los residentes del barrio Sur, que viven cerca de esta estación policial, han expresado su preocupación por las repercusiones que sufren, especialmente por las frecuentes roturas cloacales y otros problemas derivados de la unidad de orden público.
Fernando Korstanje, representante de la Sociedad Civil en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, junto con dos asesoras, visitó la comisaría 2ª ubicada en la calle Buenos Aires al 400. Tras una inspección, constataron que las instalaciones eran completamente inadecuadas para la detención de personas.
Además del evidente deterioro en todas las áreas de la comisaría, se observó que hay 65 detenidos distribuidos en solo cinco celdas. Una de estas celdas alberga a 17 personas, otra a siete, una tercera a 34, el sector conocido como «casino» a cinco, y en la cocina, en el momento de la visita, había dos personas detenidas por contravención.
Esta situación contrasta drásticamente con un informe reciente de las autoridades policiales, que indicaba que la capacidad reconocida para la comisaría 2ª era de solo 10 personas. Esto implica una sobrepoblación de más del 600 por ciento, lo que significa que hay más de seis veces la cantidad de personas que debería haber.
El hacinamiento no es el único problema. La Comisión también informó sobre un grave problema con las cloacas de la dependencia, lo que ha dejado a la comisaría y sus alrededores con un fuerte olor persistente. Las aguas servidas desbordan, los baños están dentro de las celdas y, desde cierta distancia, se puede percibir un olor extremadamente nauseabundo. Además, las instalaciones eléctricas son muy precarias y a menudo hacen cortocircuito debido al contacto constante con el agua.
La sobrepoblación y los problemas con las cloacas han afectado no solo a los detenidos sino también a todo el vecindario. Los vecinos se quejan del olor insoportable, especialmente en los días calurosos, del ruido constante debido a la gran cantidad de detenidos en un espacio reducido, de la presencia casi permanente de familiares de los presos en las inmediaciones y, sobre todo, del temor latente de una fuga o un motín.
El hacinamiento y la insalubridad han tenido consecuencias graves para la salud de los detenidos, quienes sufren de infecciones en la piel, sarna y otras enfermedades crónicas, agravadas por la falta de atención médica adecuada.
Para Korstanje, la comisaría 2ª es un claro ejemplo de un problema que se extiende por toda la provincia, donde la superpoblación en las dependencias policiales ha aumentado un 40 por ciento en el último año. Según él, estas condiciones convierten las comisarías en bombas de tiempo.
En junio de 2015, los entonces fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus contra el Poder Ejecutivo, solicitando la declaración de emergencia carcelaria y el traslado de los presos a lugares adecuados. Argumentaron la necesidad de proteger a los detenidos y señalaron que los policías no estaban preparados para custodiar presos, lo que también representaba un riesgo para los vecinos.
En agosto de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia ordenó un plazo de siete meses para trasladar a los detenidos a Villa Urquiza y modificar el régimen de contravenciones policiales. Nueve años después, la crisis no solo no se ha resuelto, sino que ha empeorado. «Ese hábeas corpus sigue vigente. En su momento, había 500 presos en comisarías, ahora hay alrededor de 2.700, lo que muestra una situación mucho más grave», afirmó Korstanje.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se presentará en Tucumán el martes 25 para revelar los datos de las últimas inspecciones realizadas en comisarías y centros penitenciarios de la provincia. Según Korstanje, Tucumán ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la cantidad de muertes de personas bajo custodia estatal. Además, el comité demandará reuniones con el poder Ejecutivo y Legislativo y realizará nuevas inspecciones en comisarías.