José Alperovich, exgobernador de Tucumán, volvió a ocupar titulares este viernes, aunque esta vez por un acontecimiento de índole personal que se desarrolla en un contexto marcado por su condena judicial. El político, que actualmente cumple una pena de 16 años de prisión por abuso sexual y violación, se casará con Marianela Mirra el próximo 27 de noviembre en su departamento de Puerto Madero, donde cumple arresto domiciliario.
El anuncio de su matrimonio se produce apenas un mes después de que Alperovich formalizara su divorcio de Beatriz Rojkés, cerrando así un capítulo de su vida íntima y abriendo otro en un contexto judicial particularmente delicado.
Ceremonia íntima bajo control judicial
La boda cuenta con la autorización de la Justicia, un requisito indispensable dado su estatus legal. Todos los trámites correspondientes se completaron y el enlace se celebrará de manera privada en su residencia de lujo. Se prevé que la lista de invitados sea limitada, con entre 20 y 30 personas, incluyendo antiguos colaboradores del ámbito político tucumano que podrían actuar como testigos.
Aunque la relación entre Alperovich y Mirra no es reciente —la pareja mantendría un vínculo cercano a los veinte años—, su decisión de formalizarlo mientras él permanece privado de libertad ha causado revuelo en los ámbitos social y político, reavivando debates sobre los privilegios de ciertos personajes públicos incluso bajo condena judicial.
La sombra de la condena
Este matrimonio no puede desligarse de la gravedad de la situación legal del exgobernador. José Alperovich fue declarado culpable tras un juicio de cuatro meses y condenado a 16 años de prisión. La sentencia lo responsabilizó como “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades, más dos hechos en grado de tentativa y otros seis hechos con acceso carnal” contra su sobrina y exsecretaria, entre 2017 y 2018, en Buenos Aires y Tucumán.
Este enlace matrimonial, íntimo pero altamente mediático, se desarrolla en medio de la crítica y el escrutinio público, evidenciando la tensión entre la vida privada de una figura política y la magnitud de su condena penal.
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