El conflicto que atraviesa el ámbito universitario en Argentina continúa profundizándose en un escenario marcado por la tensión política y la incertidumbre económica. Tras las movilizaciones y medidas de fuerza llevadas adelante durante agosto, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) anunció la realización de una nueva huelga de 48 horas, programada para el lunes 1 y martes 2 de septiembre. Esta decisión se enmarca dentro de un plan de lucha más amplio que, según señalaron las asambleas gremiales, podría intensificarse si el Ejecutivo nacional no brinda respuestas concretas a los reclamos planteados.
Entre los ejes principales del pedido se destacan dos demandas fundamentales: un aumento salarial considerable y una mejora en la asignación presupuestaria para las universidades públicas. Los dirigentes sindicales sostienen que las propuestas del gobierno resultan insuficientes. Ariel Osatinsky, secretario de Finanzas de ADIUNT, criticó la oferta oficial de un incremento del 1% mensual, señalando que un docente con 40 horas de carga percibe aproximadamente $800.000, mientras que quienes dictan 10 horas reciben cerca de $250.000, cifras que, según el sindicato, están muy por debajo de lo que consideran una canasta familiar digna, estimada en torno a los $1.200.000.
A esta situación económica se suma el problema de la obra social, dado que un porcentaje significativo de los docentes destina cerca del 30% de su salario para cubrir prestaciones básicas, un porcentaje que, según las estimaciones gremiales, podría aumentar en septiembre, generando una carga insostenible para los trabajadores. La adhesión a las recientes jornadas de paro, que en la UNT habría alcanzado alrededor del 70% de los docentes en las aulas, se interpreta como un indicador del descontento generalizado y del carácter social que ha adquirido la protesta.
El comienzo del segundo cuatrimestre universitario en medio de paros rotativos, clases públicas y movilizaciones evidencia a una universidad en estado de alerta. La próxima huelga, prevista para los primeros días de septiembre, funcionará como un termómetro de la disposición de los trabajadores para sostener el reclamo y de la capacidad de las autoridades para ofrecer soluciones concretas ante las demandas de los docentes. En definitiva, el escenario evidencia un conflicto que no solo tiene impacto en la dinámica académica, sino también en la dimensión social y económica de la comunidad universitaria.