Una denuncia por violencia de género reveló lo que podría ser una red de irregularidades vinculadas a la distribución de mercadería estatal en el barrio Manantial Sur. Durante un allanamiento llevado a cabo en una vivienda situada en la manzana 19, casa 13, las autoridades policiales encontraron una importante cantidad de productos destinados a programas sociales. Según declaraciones de vecinos, estos recursos nunca fueron distribuidos de manera adecuada a quienes más los necesitaban.
Supuesta metodología de fraude
Dos mujeres, que prefirieron mantener su identidad en reserva, brindaron detalles sobre el esquema presuntamente utilizado por el acusado. Según relataron a un móvil del programa Buen Día, “él pedía la fotocopia del DNI a las familias que necesitaban la mercadería, pero nunca llegaba nada. Veíamos camiones descargando productos, especialmente en épocas de elecciones, pero siempre decía que eran para otros comedores”. Este testimonio apuntaría a una práctica sistemática de manejo irregular de los recursos, utilizando la necesidad de las personas como fachada.
Un comedor que apenas funcionó
Las vecinas también mencionaron un comedor infantil que el acusado habría organizado hace cinco años en el barrio. Según su relato, este espacio dejó de operar después de apenas dos meses, aunque los camiones con mercadería continuaron llegando de manera periódica. “Nos dimos cuenta de que no era para ayudar al barrio, era una estafa. Recibía mercadería en grandes cantidades, pero nunca se entregaba a quienes más lo necesitaban”, afirmaron, expresando su indignación por el aparente desvío de los recursos destinados a la comunidad.
Posibles vínculos políticos y uso electoral
De acuerdo con las denunciantes, el hombre se presentaba como dirigente barrial y político, afirmando tener conexiones con figuras públicas y distintas entidades, dependiendo del contexto electoral. Las mujeres mencionaron posibles nexos con funcionarios de la Legislatura y del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), aunque evitaron dar nombres por temor a represalias. “En elecciones, los camiones venían hasta una vez por semana. Era evidente que había un uso político”, aseguraron, sugiriendo que los recursos no solo se desviaban, sino que también se utilizaban para influir en procesos electorales.
Detalles del operativo policial
El allanamiento en la vivienda del acusado fue ordenado tras una denuncia de violencia de género interpuesta por su pareja el domingo anterior. Durante el procedimiento, la Policía halló una gran cantidad de productos etiquetados como «Prohibida su venta», provenientes de programas sociales administrados por el Estado. Este hallazgo desencadenó una investigación que busca determinar el destino y uso de los bienes encontrados en el domicilio.
Línea de investigación judicial
Las autoridades judiciales están explorando dos posibles líneas de irregularidad. Por un lado, el presunto uso político de los recursos estatales, y por otro, la posibilidad de que los productos hayan sido comercializados de manera indebida. “Esto podría indicar una doble irregularidad: por un lado, aprovechar los recursos estatales con fines electorales, y por otro, obtener un rédito económico vendiendo lo que debía entregarse gratuitamente”, explicaron fuentes judiciales.
Ocultamiento y sospechas del vecindario
La vivienda donde se realizó el operativo destaca por estar completamente tapiada, un detalle que, según los vecinos, facilitaba ocultar las actividades que se llevaban a cabo en su interior. Esto despertó sospechas en la comunidad, que ahora se siente traicionada. “Pensábamos que trabajaba por el bien del barrio, pero nos sentimos traicionados. En un lugar donde hay tanta necesidad, esto es inaceptable”, expresaron, reflejando la frustración y el malestar generado por este caso.
En un barrio marcado por la vulnerabilidad, el presunto manejo irregular de recursos destinados a los sectores más necesitados se percibe como un acto de grave injusticia. Mientras avanza la investigación, el caso ha puesto en evidencia las posibles fallas en el control y distribución de la mercadería estatal.